Tabla de contenido
Ciudad de México.— La investigación por el caso Ayotzinapa sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera la identidad de las personas que habrían declarado contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias.
De acuerdo con información publicada por el periodista Ciro Gómez Leyva y citada por distintos medios nacionales, las declaraciones provienen de dos exfuncionarias que enfrentan procesos relacionados con el mismo caso.
Exfuncionarias aparecen como testigos
Los nombres señalados son Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Justicia del estado, quienes presuntamente obtuvieron beneficios legales al colaborar con la Fiscalía General de la República.
Según esa versión, ambas habrían aportado información sobre la presunta orden de ocultar o destruir los videos captados por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Videos del Palacio de Justicia
Las grabaciones corresponden a las cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala y, de acuerdo con la investigación, pudieron registrar el momento en que un autobús con normalistas fue interceptado por policías municipales.
Sin embargo, el propio Gómez Leyva señaló que en investigaciones anteriores esos videos habían sido considerados de poca utilidad por su baja calidad, aunque ahora la FGR sostiene que tenían valor probatorio dentro del caso.
Primera audiencia en El Altiplano
Mientras tanto, Ángel Aguirre enfrenta este viernes su primera audiencia ante un juez federal en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, El Altiplano, donde la FGR deberá exponer formalmente las acusaciones y los elementos con los que busca vincularlo a proceso.
La autoridad ministerial acusa al exmandatario de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia. La definición de su situación jurídica podría resolverse dentro de las próximas 72 horas o extenderse hasta 144 horas, si solicita la ampliación del plazo constitucional.
