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Ciudad de México.- El pragmatismo que unía a la coalición gobernante se ha transformado en una abierta estrategia de represalia. Tras el colapso de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Morena ha dejado de lado la diplomacia para notificar a sus socios, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), que su disidencia tendrá un "costo político" inmediato. La respuesta no es solo discursiva: el partido mayoritario ya redacta un Plan B diseñado para golpear las estructuras de poder y las finanzas que los aliados intentaron proteger.
La instrucción desde la cúpula morenista es clara: si el PVEM y el PT no acompañaron la reforma constitucional para blindar el modelo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora enfrentarán una reconfiguración de las leyes secundarias que les restará margen de maniobra y recursos en los estados.
La ruta de la represalia legislativa
El nuevo paquete de reformas, que Morena pretende presentar este mismo martes 17 de marzo, contiene veneno puro para las estructuras locales. Al no poder modificar la Constitución, la bancada mayoritaria planea utilizar su mayoría simple para forzar una "austeridad selectiva" que afectará directamente a los cuadros de sus aliados.
Entre los puntos más agresivos destaca la reducción drástica de diputados plurinominales en los Congresos estatales y un recorte a las percepciones de legisladores locales y titulares de organismos electorales (Oples), zonas donde el PVEM y el PT suelen colocar a sus operadores clave.
El control del calendario político
Como medida de presión adicional, Morena busca alterar los tiempos del Estado. El Plan B contempla postergar la elección de jueces y magistrados hasta 2027, una decisión que mantiene en el limbo uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio. Al mismo tiempo, el oficialismo planea adelantar la consulta de revocación de mandato de Sheinbaum al próximo año para que coincida con las elecciones intermedias, obligando a los aliados a alinearse bajo la sombra de la popularidad presidencial o arriesgarse a la irrelevancia electoral.
El factor financiero como arma
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha hecho público el "botín" que los aliados salvaron al votar en contra: más de 375 millones de pesos en financiamiento público que el PVEM y el PT se negaron a recortar. Al exponer estas cifras, Morena etiqueta a sus socios ante la opinión pública como partidos que priorizaron sus prerrogativas económicas sobre la austeridad republicana.
La advertencia de Morena es una señal para los mercados y los actores políticos: la coalición ya no opera bajo el consenso, sino bajo la disciplina. El Plan B no solo busca reformar el sistema electoral; busca domesticar a los aliados que se atrevieron a decir "no" en San Lázaro.
