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El reciente cateo en una residencia de Tabasco, ligada al empresario Mario Antonio de la Rosa Gutiérrez, ha puesto en evidencia el posible nexo entre la corrupción institucional y el crimen organizado. Este no es un simple caso de un empresario enriquecido de la noche a la mañana, sino la punta de un entramado que conduce directamente a la gestión de Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex.
Durante su periodo en la petrolera estatal, la empresa de De la Rosa, MAROGU, se benefició de contratos millonarios por más de 684 millones de pesos, obtenidos de manera directa y sin licitación. Este esquema de adjudicaciones directas fue la norma en la gestión de Romero Oropeza, quien, según la Auditoría Superior de la Federación, otorgó más del 80% de los contratos de esta manera. MAROGU se convirtió en un beneficiario privilegiado, obteniendo tres contratos principales y dos menores, algunos de los cuales fueron ampliados de manera irregular hasta 2025.
Esta práctica de opacidad y favoritismo, avalada por la "mancuerna" de Romero con Marcos Herrería, no solo facilitó un enriquecimiento inexplicable, sino que, como sugiere la investigación, pudo haber servido de fachada para una red de huachicol y otros ilícitos. La coincidencia del ascenso de De la Rosa con la gestión de Romero, y el hallazgo de un helicóptero, un Porsche, y armas en su propiedad, plantea serias preguntas sobre si el exdirector de Pemex era consciente o no de las actividades ilícitas de sus contratistas.
El escándalo de De la Rosa, y su presunta conexión con una red de tráfico de hidrocarburos, coloca a Octavio Romero en el ojo del huracán. Su responsabilidad no se limita a haber otorgado contratos millonarios de manera discrecional, sino a haber creado un ambiente en el que los negocios ilegales pudieron florecer bajo el amparo del poder. El caso de La Barredora y la implicación del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, sugiere que estas redes de corrupción no operaban en el vacío, sino que estaban conectadas a las más altas esferas políticas.
En este contexto, el rancho cateado en Altozano se convierte en un símbolo de la impunidad y la corrupción sistémica que prevaleció en Pemex. La investigación en curso deberá determinar si el exdirector de la petrolera era solo un facilitador de un esquema corrupto o un actor clave en una red que se benefició del poder público para sus fines. (Con información de la Columna de Mario Maldonado en El Universal)
