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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intentó trazar una línea muy fina entre la defensa política y la obligación legal durante su conferencia matutina de este miércoles, pero sus respuestas sobre el senador Adán Augusto López y el caso de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como líder de “La Barredora”, dejan un sabor agridulce y revelan una estrategia de contención más política que de transparencia.
La estrategia del "desgaste mediático" y la exigencia de pruebas
El argumento central de la presidenta se apoyó en dos pilares: la supuesta orquestación mediática y la insistencia en la necesidad de "pruebas" formales. Sheinbaum Pardo desestimó el creciente escrutinio sobre Adán Augusto, atribuyendo su "desgaste" directamente a "todos los medios que han estado generando esta [polémica]". Esta táctica, que busca desviar la atención de la gravedad de las acusaciones hacia un presunto complot de la prensa, es un recurso conocido para neutralizar la crítica, pero resulta insuficiente ante señalamientos que involucran presunta delincuencia organizada y corrupción.
Al exigir reiteradamente "tiene que haber pruebas" ante la mención de la "responsabilidad política" del senador, la presidenta minimiza el peso de la ética pública y el juicio ciudadano. Si bien el debido proceso requiere pruebas para una sanción penal, la responsabilidad política —y la percepción pública— se basan en el juicio de credibilidad y la capacidad de rendición de cuentas, especialmente cuando un excolaborador directo enfrenta señalamientos tan serios.
Cero impunidad, con resistencia a la decisión política
A pesar de proclamar "cero impunidad" y señalar que su gobierno investigó el caso de huachicol fiscal que involucra a la Marina, su postura se volvió ambigua cuando se le preguntó sobre el futuro político de Adán Augusto López. Al ser cuestionada sobre si el senador "le sigue aportando al movimiento" y si es apto para liderar a los senadores, la Presidenta se escudó en la supuesta negativa a ejercer el "dedazo" del "viejo priismo".
Esta evasión ("tienen que decidirlo los senadores" y "eso es algo que no tengo que decidir yo") contrasta con la marcada influencia que ha ejercido la Presidencia en la vida interna de Morena y de sus bancadas. El no tomar una postura clara sobre el liderazgo de uno de los principales actores del movimiento, en medio de un escándalo que involucra a su ex-gabinete, no se percibe como un respeto a la autonomía legislativa, sino como una evasión de la responsabilidad política de validar o reprobar el comportamiento de sus figuras clave.
En resumen, mientras la Presidenta garantiza la acción de las fiscalías y rechaza la intervención para proteger a algún involucrado ("nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda"), su insistencia en culpar a los medios y su reticencia a abordar la responsabilidad política del senador Adán Augusto López sugiere que, por ahora, el blindaje político prevalece en espera de que las investigaciones judiciales —de las que asegura se encargaron la Fiscalía de Tabasco y la FGR— lo deslinden o lo condenen formalmente.
