Table of Contents
Por: Eduardo Serna
La nueva Ley General de Aguas, aprobada en medio de sombras y disputas incluso dentro de la bancada de Morena, no es el hito progresista que se pregona. Lejos de ser una herramienta para la justicia hídrica, se perfila como una reforma cosmética, heredera directa del modelo neoliberal que prioriza el capital sobre la vida.
Un episodio revelador ocurrió durante la votación en la Cámara de Diputados: el diputado Pedro Haces, brazo derecho de Ricardo Monreal, sostuvo una reunión clandestina con el rabino David Yosef, figura notoria por su apoyo al genocidio en Gaza. Según el diputado morenista Manuel Vázquez Arellano, este encuentro se realizó a espaldas de la bancada y suscita gravísimas sospechas al mencionar a la empresa israelí Mekorot, encargada del agua en las zonas de ocupación y acusada de usarla como arma en Palestina. Esta conexión proyecta una sombra siniestra sobre las intenciones reales detrás de la reunión en el marco de la votación: ¿se está importando un modelo de acaparamiento y negación del agua como arma? ¿Qué acuerdos se realizaban en la clandestinidad sobre el destino del agua en México?
El rabino David Yosef no está directamente relacionado con Mekorot, pero sí existe una conexión indirecta en el contexto de relaciones diplomáticas y cooperación internacional. Durante una visita oficial a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, se discutió y negoció la posibilidad de que Mekorot colaborara con ese país para mejorar el manejo del agua. Algunos analistas han señalado esta relación, describiendo al rabino Yosef como alguien que defiende intereses israelíes (incluyendo empresas como Mekorot) en el marco de la cooperación internacional. Cabe señalar que en Argentina esta empresa ya tomó el control del agua. El diputado Pedro Haces debe aclarar la naturaleza de este encuentro celebrado en la clandestinidad.
Esta opacidad política coincide con una cruda realidad documentada: México enfrenta una crisis hídrica profunda. Más de 35 millones de personas carecen de acceso confiable al agua y la disponibilidad per cápita ha caído más del 30% en dos décadas.
La reforma de 2025, pese a su retórica de priorizar el agua como derecho humano y el equilibrio ecológico, deja intactos los mecanismos estructurales del despojo. Además, da argumentos a una oposición oportunista y golpista que nunca se interesó por el agua sino para hacer negocio, y mucho menos tuvo interés en defender el derecho al agua para el pueblo y las comunidades indígenas, y que ahora se abandera de manera hipócrita como defensora.
Activistas e investigadores del agua que conforman las Contralorías Sociales Autónomas del Agua, como la de Yucatán y Agua para TodosAgua para la Vida, lanzaron un pronunciamiento al no ser tomados en cuenta, ya que durante los foros sobre el agua hicieron llegar a la Cámara diversas propuestas que debían incluirse en la ley con el fin de preservar el bien hídrico del país. Las reformas que proponían iban desde prohibir la privatización de grandes obras hidráulicas y los servicios de agua potable y saneamiento, hasta reemplazar los consejos de cuenca y los consejos consultivos, compuestos por representantes de los concesionarios y de las megaindustrias que más consumen y acaparan el agua. Otra propuesta era la tipificación penal de la contaminación del agua como delito grave, lo que finalmente tampoco fue escuchado por los legisladores.
En este último punto, recordemos el antecedente de la contaminación del río Sonora por la empresa minera Grupo México, que vertió ácido sulfúrico en las aguas del río ocasionando daños irreversibles que hasta la fecha no han sido resarcidos ni saneados adecuadamente; o el caso del ejido de Carrizalillo, Guerrero, donde la minera Equinox Gold contaminó manantiales y destruyó mil hectáreas.
Estos grupos de activistas han señalado directamente a Ricardo Monreal de no escuchar e incluir estas propuestas. A través de un pronunciamiento se expresan así:
“Agua para Todos y las contralorías del agua a nivel nacional denunciamos la perpetuación de la ley salinista, a través de la elaboración de una ley general de aguas sin efectos exigibles, que incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana. Denunciamos que las propuestas generadas en los parlamentos abiertos y las audiencias públicas organizadas por la legislatura actual, comunidades y la ciudadanía fueron rechazadas por la CONAGUA. Alertamos que, a pesar de los anuncios triunfantes, el proyecto legislativo no contiene ninguna obligación ni mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación. Nosotros nos comprometemos a seguir luchando por el buen gobierno del agua a pesar de la verticalidad y opacidad que sigue predominando en este sector hídrico”.
La ley aprobada en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores, vía fast track, presenta errores y omisiones importantes de origen, ya que ahora hay dos leyes que lo que originan es contradicción y opacidad: la del neoliberal Carlos Salinas de Gortari y la de Claudia Sheinbaum. Ambas leyes mantienen, como señalan académicos y activistas, “lagunas grises y amplias ventanas”, lo que garantiza que los grandes consumidores industriales sigan teniendo la llave del líquido. El contraste no puede ser más cínico: mientras el gobierno anuncia la “recuperación” de 4,000 millones de m³ de volúmenes concesionados, esta ley no contempla a la población, sino que protege a las grandes industrias privadas, al más puro estilo neoliberal.
La reunión de Pedro Haces con un promotor del genocidio hídrico en Gaza es un hecho grotesco, al margen de esta ley que solo acota a unos pocos y deja mucho que desear, teniendo el panorama político con todo a favor. No es una reforma para el pueblo, ni para las comunidades indígenas siempre sacrificadas. Es un marco que, bajo un maquillaje progresista, consolida un modelo donde el agua sigue siendo botín, no derecho. La verdadera reforma, la que prioriza la vida, aún está pendiente, y nacerá no en recintos manchados por sombras de duda, sino en la resistencia de los pueblos que defienden sus manantiales, su salud y su territorio.
Como siempre, los invito a reflexionar y tomar acción.