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ACAPULCO, Guerrero.— Tras dos días de protesta, los prestadores de servicios turísticos de Acapulco lograron un acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar) que confirma sus peores sospechas: el “Marinabús” no es un proyecto de transporte para la gente, sino un servicio con un enfoque netamente turístico.
Representantes del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre se reunieron con el almirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla, comandante de la Octava Región Naval, y otros funcionarios locales, quienes, después de un largo mitin, admitieron la naturaleza del proyecto. Este reconocimiento contrasta con la campaña oficial de la Semar, que lo promueve en redes sociales como “una gran alternativa de movilidad” y un impulso a la economía local.
El asesor jurídico del Frente, Jesús Zamora Cervantes, confirmó que la Semar aceptó que el proyecto es de índole turística y no de transporte público. Ante esta revelación, se acordó realizar un estudio de impacto económico para evaluar el daño que podría causar a los lancheros y prestadores de servicios de deportes acuáticos, que operan en la bahía desde hace décadas.
Falta de transparencia y contradicciones
A pesar de la apertura al diálogo, los líderes del Frente denunciaron la falta de transparencia con la que se ha manejado el proyecto. “No hay trato en lo oscurito, lo único que pedimos es que digan cómo son los proyectos de inversión para Acapulco”, sentenció Zamora Cervantes.
La confusión es evidente incluso entre las autoridades. Mientras el subsecretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, dijo que el proyecto busca generar condiciones de traslado tanto para residentes como para turistas, la Semar, a través de su campaña, insiste en que el catamarán está pensado para “facilitar el acceso rápido y seguro de turistas a playas y comercios”.
Los prestadores de servicios señalan que el “Marinabús”, con una capacidad para solo 80 pasajeros por viaje y precios elevados para los locales, es una amenaza a sus fuentes de trabajo, no un complemento. El punto final del recorrido, el muelle de Puerto Marqués, no conecta con rutas de transporte público ni con el aeropuerto, lo que cuestiona aún más la viabilidad del proyecto como solución de movilidad.
La Semar ha negado tener previstas otras fases o embarcaciones, aunque en la presentación original se habló de ampliar la ruta a otras playas. En un escenario de reconstrucción pos-huracán Otis, la sociedad acapulqueña exige a las autoridades federales que socialicen sus proyectos de inversión, eviten la imposición y, sobre todo, no generen conflictos con quienes dependen del turismo para subsistir.
