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Corea.- La justicia de Corea del Sur dictó este jueves cadena perpetua contra el expresidente Yoon Suk Yeol, al declararlo culpable de liderar una insurrección por su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una medida que desencadenó la mayor crisis institucional del país en décadas.
El tribunal concluyó que el decreto presidencial vulneró la autoridad de la Asamblea Nacional y encuadra jurídicamente en el delito de insurrección, uno de los más graves contemplados en el Código Penal surcoreano.
Aunque la Fiscalía había solicitado la pena de muerte, la corte optó por la condena de prisión perpetua, al considerar “diversos factores” al momento de individualizar la sanción.
La ley marcial que precipitó su caída
La declaración de ley marcial, adoptada por Yoon en medio de tensiones políticas y protestas, fue anulada pocas horas después por la Asamblea Nacional de Corea del Sur, que aprobó una resolución exigiendo su inmediata retirada.
El episodio marcó un punto de quiebre. En las semanas posteriores, el Parlamento votó a favor de su destitución y, en abril de 2025, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó el impeachment, apartándolo formalmente del cargo.
Un precedente histórico
Bajo la legislación surcoreana, el delito de encabezar una insurrección contempla tres posibles penas: muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados. La sentencia impuesta a Yoon lo convierte en uno de los pocos exmandatarios del país condenados por delitos graves tras dejar el poder.
El fallo refuerza la tradición surcoreana de exigir responsabilidades penales a sus expresidentes, pero también abre un nuevo debate sobre los límites del poder ejecutivo en contextos de crisis y el equilibrio entre seguridad y democracia.
Con esta sentencia, Corea del Sur envía una señal contundente: incluso el jefe del Estado puede enfrentar las máximas consecuencias legales si se determina que intentó subvertir el orden constitucional.
