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México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, así como por la falta de acceso a la justicia de sus familiares, según la sentencia notificada este 16 de diciembre de 2025.
En su fallo sobre el caso Ascencio Rosario y otros vs. México, el tribunal concluyó que Ernestina, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, fue atacada en febrero de 2007 en Tetlalzinga, Veracruz. Los responsables fueron miembros del Ejército mexicano, y la agresión constituyó un acto de tortura. La Corte destacó que el contexto de militarización en la región, derivado de la estrategia federal contra el narcotráfico iniciada en 2006, facilitó la violencia.
La sentencia también subrayó la negligencia en la atención médica: Ernestina fue trasladada por sus familiares durante más de 10 horas hasta llegar al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero sin recibir intervención quirúrgica. La Corte señaló que la ausencia de intérpretes de náhuatl impidió una comunicación adecuada con los médicos, lo que vulneró su derecho a la salud.
En cuanto a la justicia, la Corte determinó que la investigación penal fue insuficiente, cerrada prematuramente y sin incorporar perspectivas de género, edad o étnica. Además, los hijos e hijas de Ernestina enfrentaron obstáculos estructurales para acceder al caso, y sufrieron presiones e intimidaciones que afectaron sus derechos a la integridad personal y a la verdad.
El tribunal concluyó que México violó múltiples derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la protección judicial y la salud, así como disposiciones de la Convención de Belém do Pará y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Como parte de la reparación integral, la Corte ordenó medidas concretas, entre ellas:
- Reabrir una investigación penal exhaustiva para sancionar a los responsables.
- Brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Capacitar a funcionarios públicos.
- Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
- Crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El caso, que remonta a los hechos del 25 de febrero de 2007, generó gran controversia en Veracruz. Ese día, Ernestina salió de su vivienda para actividades cotidianas y horas después fue encontrada por su hija con signos de violencia sexual y física. La proximidad de una base militar del Ejército mexicano reforzó las sospechas sobre los responsables.
Tras su muerte, la investigación inicial fue modificada por las autoridades, y versiones oficiales atribuyeron su fallecimiento a problemas de salud preexistentes. La familia enfrentó numerosos obstáculos para acceder a la justicia y finalmente presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020. La CIDH confirmó graves violaciones a los derechos de Ernestina y sus familiares, y en 2025 la Corte Interamericana emitió la sentencia definitiva.
Durante la audiencia ante la Corte, la hija de Ernestina, Martha Inés Ascencio, denunció los hechos en lengua náhuatl, señalando la negligencia y la impunidad en el caso. El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad, comprometiéndose a acatar las resoluciones de la Corte y a avanzar en medidas de reparación y no repetición
