Table of Contents
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha inaugurado su mandato usando la narrativa de la "austeridad republicana" como eje de su gobierno. Sin embargo, detrás de este discurso se vislumbran decisiones que, en lugar de optimizar el gasto, parecen consolidar una concentración de poder en el Ejecutivo, poniendo bajo presión al Poder Judicial y consolidando la militarización de las aduanas.
Presupuesto judicial: ¿ahorro o coacción?
La presidenta ha sido enfática en su deseo de que el presupuesto de 2026 para el Poder Judicial se recorte en 15 mil millones de pesos para ser reorientado a inversión pública, salud y educación. Argumenta que el aumento solicitado por la anterior administración es innecesario, especialmente con la nueva conformación de la Corte, que, según ella, adoptará una política de austeridad y reducción de salarios.
Si bien la búsqueda de eficiencia en el gasto público es legítima, la forma en que Sheinbaum aborda el tema levanta sospechas. Al expresar su "confianza" en que la nueva Corte acatará este recorte, la presidenta parece ejercer una presión directa sobre la autonomía de uno de los tres poderes de la Unión.
Se percibe una coacción velada: si el Poder Judicial se comporta "bien" y se alinea con la agenda del Ejecutivo, podrá acceder a ciertos recursos, pero si se resiste, enfrentará un castigo presupuestal. Este enfoque no solo erosiona la independencia de la Corte, sino que también sugiere una visión del Poder Judicial como un apéndice del gobierno en turno, en lugar de un contrapeso.
Aduanas: la militarización se consolida
En un movimiento que mantiene la línea del gobierno anterior, la presidenta ha declarado que no habrá cambios en la operación de las aduanas. Esto significa que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) seguirán al frente de las aduanas terrestres y marítimas, respectivamente pese a la evidente corrupción del personal militar.
Esta decisión, aunque defendida por los resultados en recaudación fiscal, es vista por críticos como la consolidación de un modelo de militarización en áreas clave de la economía.
Expertos y analistas señalan que, a pesar de la presencia militar, la corrupción persiste, y que las Fuerzas Armadas carecen de la capacitación especializada para las complejas tareas del comercio exterior. La militarización de las aduanas genera un poder opaco, con poca rendición de cuentas, y expone a las Fuerzas Armadas a dinámicas de corrupción que pueden minar su credibilidad.
Además, al mantener el control militar, la administración de Sheinbaum refuerza la idea de que las instituciones civiles no son lo suficientemente sólidas o confiables para manejar responsabilidades tan cruciales, perpetuando un modelo de seguridad y control que centraliza el poder en el Ejecutivo y sus aliados castrenses.
