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INFORME PENINSULAR
Por: Eduardo Serna
Un gobierno de corte social que trabaja en favor de los más necesitados, que ha emprendido transformaciones institucionales de gran alcance, que ha elevado su compromiso con los más vulnerables a rango constitucional, que se ha propuesto rescatar empresas paraestatales al borde de la quiebra por malas gestiones del pasado y que impulsa obras de infraestructura con potencial de generar ganancias económicas a mediano y largo plazo… ese mismo gobierno, respaldado por una mayoría histórica, se desdibuja y desacredita si no protege a la naturaleza y su diversidad que constituyen el sostén de la nación.
La naturaleza y su geografía, base de nuestra existencia, deben ser sujetos de protección constitucional con entidad propia. En este aspecto, un gobierno progresista debería enfocarse. Sin embargo, el nuestro pierde coherencia cuando se trata de salvaguardar nuestro patrimonio natural. Basta repasar algunos de los casos ya señalados en este espacio, a los que se suman otros igualmente preocupantes:
Podemos comenzar cuestionando el “Plan México”, diseñado para fortalecer la economía nacional mediante una alianza entre el gobierno y la iniciativa privada que domina el mercado. Dicho acuerdo resulta opaco, pues no especifica los términos bajo los cuales se realizarán estos arreglos. Lo cierto es que los primeros afectados son los entornos naturales, debido a las posibles concesiones indiscriminada o a la extensión de las ya existentes, con un impacto directo en la ecología del país.
Recién se anunció la creación de un clúster de alta tecnología en Querétaro, dedicado al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Sería pertinente revisar el origen de los capitales, ya que en no pocas ocasiones su procedencia ideológica y política los convierte en agentes de injerencia o patrocinadores de conflictos en otras latitudes. A esto se suma que instalaciones de este tipo demandan grandes cantidades de energía y, sobre todo, de agua, recurso crucial para el enfriamiento de sus mega procesadores.
El agua es un bien de la nación y en Querétaro representa un problema grave, pues escasea. Además, su gestión está en manos privadas que suelen afectar a los más vulnerables. Este es un tema pendiente de aclaración que debe mantenerse en la mira pública. A ello se añade que, a nivel federal, la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha sido criticada por dejar vacíos que benefician a concesionarios privados y por su ambigüedad en la protección de comunidades rurales e indígenas.
Otro foco rojo son los proyectos planeados en las costas de la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa: intereses de empresas mineras con capital extranjero que insisten en operar en la zona. Es el caso de Don Diego, un proyecto de minería submarina de fósforo impulsado por la estadounidense Odyssey Marine Exploration, que ha generado gran controversia por su potencial impacto ecológico.
También está el proyecto Saguaro, que pretende construir una terminal de exportación de gas natural licuado en Puerto Libertad, Sonora, principalmente hacia Estados Unidos, y que enfrenta una fuerte oposición de ecologistas y pueblos originarios por el riesgo que representa para el entorno y la actividad pesquera. A esto se suma la planta de amoniaco en Ohuira, que acarrearía graves daños a la fauna marina y la actividad pesquera, que es la que da sustento a esas poblaciones costeras. Allí se simuló una consulta con las comunidades, mientras el gobierno guarda silencio, limitándose a afirmar que todo está en orden.
De igual modo, en Quintana Roo, sin una consulta ciudadana adecuada, se planea el megaparque acuático en Mahahual. El proyecto eliminaría múltiples hectáreas de manglar, barrera natural contra huracanes, y amenazaría la fauna terrestre y marina del sistema arrecifal. Este patrón de despojo en Mahahual, donde Royal Caribbean impulsa el parque “Perfect Day Mexico” con aval de autoridades locales, es cuestionado por más de 300,000 ciudadanos que han firmado para su cancelación. La única “consulta” realizada fue una farsa: solo 35 personas convocadas, una minoría ínfima frente a una comunidad de miles. Las proyecciones son alarmantes: se prevé la llegada diaria de hasta 20,000 turistas, generando más de 2.5 millones de litros de aguas residuales y cerca de 70 toneladas de basura en un solo día. Multiplique eso por 365 días y tendrá una idea del colapso ambiental que se avecina.
A esto se suma que, desde La Mañanera, se anunció la inversión en México de grandes empresas químico-farmacéuticas, fabricantes de productos peligrosos como agroquímicos y semillas modificadas, cuyo uso indiscriminado ya ha provocado desastres en el campo mexicano.
El 7 de agosto, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, un representante de Bayer-Monsanto defendió desde el micrófono oficial el glifosato, herbicida asociado con el cáncer y la desaparición de polinizadores según la Organización Mundial de la Salud. Paradójicamente, en la administración anterior se avanzaba hacia su prohibición, e incluso la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, se había pronunciado en contra por su relación con la desaparición de abejas y polinizadores.
En estados como Yucatán, el panorama para la apicultura es crítico, con cosechas raquíticas vinculadas al cambio climático, el uso desenfrenado de estos químicos y la deforestación. No obstante, estos agentes tóxicos siguen incluidos en los programas de apoyo al campo, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la salud de los mexicanos.
Estos son solo algunos casos; la lista, tristemente, es más larga.
Es urgente que surjan voces dentro de la 4T más sensibles, que se opongan y protejan de verdad la naturaleza y a la población. La militancia fanática no hace más que fortalecer narrativas de una oposición hipócrita y oportunista, que adopta las causas de distintos grupos ambientalistas para el golpeteo político, desvirtuando la lucha genuina por la defensa de la naturaleza. Una oposición que, cabe recordar, cuando estuvo en el gobierno nunca mostró interés por cuidar, proteger o apoyar.
A esto se suma, por si fuera poco, la presión externa de capitales neocolonialistas que practican el chantaje y fomentan la corrupción.
Pero defender la soberanía no puede reducirse a la narrativa. Se requieren actos concretos que se traduzcan en acciones reales de protección para nuestros entornos y nuestros pueblos. La deuda en materia de defensa de la naturaleza es una asignatura pendiente en la que, hasta ahora, tanto el gobierno pasado como el actual tienen con la sociedad que los voto.
