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Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa la legitimidad institucional del estado de Sinaloa al revelar una serie de reuniones presuntamente sostenidas entre el gobernador Rubén Rocha Moya y los líderes de la facción de "Los Chapitos".
Según el expediente del Distrito Sur de Nueva York, estos encuentros no fueron incidentales, sino reuniones de planeación política y operativa. El primer contacto documentado se sitúa a principios de 2021, en plena campaña electoral, donde el actual mandatario habría negociado el respaldo del brazo armado del cartel para asegurar su llegada al poder.
La estructura del pacto
La acusación describe un escenario de "Estado capturado", donde las reuniones sirvieron para delinear una hoja de ruta que incluía:
- Sustitución de mandos: La designación de figuras leales a la organización criminal en puestos de seguridad pública.
- Uso de infraestructura estatal: El despliegue de la Policía Estatal como una herramienta para eliminar a los competidores de la facción de Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán.
- Enlaces de alto nivel: El uso de colaboradores cercanos, como el actual secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, para mantener canales de comunicación abiertos con la cúpula criminal.
Un conflicto de soberanía
El gobernador Rocha Moya ha respondido con un discurso de defensa nacionalista, desestimando los cargos como "calumnias" y enmarcándolos en una supuesta estrategia para desestabilizar el orden constitucional mexicano.
Sin embargo, para las autoridades estadounidenses, la evidencia de estas reuniones representa el núcleo de una red de protección que ha permitido la expansión del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, elevando la tensión en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia.
