Table of Contents
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española decidió archivar la investigación contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual a dos exempleadas, alegando que los tribunales de España no tienen competencia sobre los hechos ocurridos en República Dominicana y Bahamas.
El caso, presentado en 2021 por las trabajadoras, incluía acusaciones graves: agresiones sexuales, humillaciones laborales y servidumbre, respaldadas con documentación, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que España no puede investigar porque las víctimas son extranjeras, los hechos ocurrieron fuera del país y los denunciados —Iglesias y otras dos personas— residen en distintos países y tienen nacionalidades diversas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Justicia española solo puede asumir casos de este tipo si existe una conexión directa con España, como que el denunciado sea español y las víctimas residentes en el país. Al no cumplirse estos criterios, la investigación fue cerrada.
Las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link, señalaron que su objetivo era visibilizar los abusos y animar a otras víctimas a denunciar. Por su parte, Iglesias ha negado cualquier conducta indebida y compartió en Instagram capturas de mensajes de WhatsApp que, según él, prueban que las acusaciones son falsas.
El cantante también intentó acceder directamente a la investigación en España, petición que fue rechazada por la Fiscalía, dejando claro que el cierre del caso no supone un juicio sobre la veracidad de las denuncias, sino un límite legal de la jurisdicción española.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de investigar denuncias de abuso laboral y sexual cuando involucran a personal extranjero y hechos ocurridos fuera del territorio nacional, incluso cuando las víctimas presentan pruebas documentales y testimoniales.
