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Juez vincula a proceso a Javier Duarte por peculado y frena su liberación

Un juez federal vinculó a proceso a Javier Duarte por peculado de 5 mdp y ratificó prisión preventiva, lo que suspende su salida prevista para el 15 de abril

Audiencia de 11 horas deja a Javier Duarte sujeto a nuevo juicio por peculado

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Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por el delito de peculado relacionado con el desvío de cinco millones de pesos destinados a programas sociales y a un fondo para obras de salud dirigidas a niños y adultos mayores en 2012. La resolución fue emitida por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

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Investigación complementaria se fijó en seis meses, hasta el 17 de agosto

El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del nuevo proceso y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 17 de agosto. La causa penal quedó registrada bajo el número 667/2025.

La determinación mantiene en suspenso la liberación de Duarte, prevista para el 15 de abril, cuando cumpliría nueve años de prisión por una sentencia previa tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. Su defensa anunció que apelará la resolución y solicitará una nueva audiencia para intentar modificar la medida cautelar.

Durante la audiencia, que se extendió por casi 11 horas, la Fiscalía General de la República expuso pruebas sobre la presunta redirección de recursos originalmente asignados al Fondo para Discapacitados y a apoyos para niños y adultos mayores, utilizados para cubrir nómina y otros compromisos del gobierno estatal. Entre los elementos presentados se incluyó el testimonio del extesorero Antonio Tarek Abdalá.

Duarte rechazó los señalamientos y sostuvo que no era responsable directo de la planeación financiera. También afirmó que la resolución responde a motivaciones políticas. El juez señaló que su decisión se basó en criterios legales y que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.

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