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Cintalapa, Chiapas- El caso de los hermanos Daniel Muñoz Vargas (25 años) y Camerino Muñoz Osorio (41 años) se ha convertido en una alarmante prueba de la presunta fabricación de delitos y la violación sistemática de derechos humanos en Chiapas, bajo la coordinación del titular de la Secretaría de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, y el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca.
Es una prueba plena de la justicia de un gobierno de Morena, en tiempos de la nueva justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ambos fueron detenidos en un violento operativo el pasado 13 de octubre de 2025 en su rancho, Los Maximilianos, en Cintalapa, para ser señalados inmediatamente por el gobierno estatal como "generadores del caos" y responsables de la quema de vehículos sobre el tramo Ocozocoautla–Arriaga. Sin embargo, la evidencia documentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desmantela la narrativa oficial y expone un patrón de abuso institucional.
Cronología de la falsedad: detenidos antes del crimen
La contradicción entre la versión oficial y los hechos documentados por la familia es el punto crítico del caso. Mientras la Fiscalía sostiene que los hermanos fueron detenidos a las 16:00 horas tras una persecución posterior al incendio de vehículos (que habría ocurrido a las 15:10 h), la línea de tiempo de la familia, respaldada por evidencias, demuestra lo contrario:
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Hora
del Operativo (Versión Familia y CEDH) |
Hecho
Documentado |
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12:57 h |
Elementos
de la Fiscalía y "Pakales" ingresan al rancho. Se retiran la SEDENA
y la Guardia Nacional, mostrando respeto. |
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13:00 h |
Agentes
actúan con prepotencia. A Daniel Muñoz le arrebatan el teléfono y es
detenido. Frase textual de un agente: “Por mis huevos me los voy a
llevar”. |
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13:05 h |
Camerino
acude por la crisis de salud de su padre. Un encapuchado le replica: “Por
mis huevos te vas a ir”, y es detenido. |
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13:15 h |
Saqueo
del domicilio: Agentes sustraen pertenencias personales (perfumes, tenis,
alimentos) y una esclava de oro de la madre, dejando solo la caja vacía. |
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15:10 h |
(Hora
de los hechos acusados por la Fiscalía: quema de vehículos en
Ocozocoautla-Arriaga) |
La evidencia es contundente: los hermanos Muñoz Vargas fueron detenidos, golpeados y su domicilio saqueado casi dos horas antes de que, según el reporte de la FGE, cometieran el delito de Ataque a la Paz Pública. Esto apunta a la invención de "chivos expiatorios" para justificar el operativo y dar una respuesta rápida a la violencia en el estado.
Tortura, estigma y violación de derechos humanos
El expediente CEDH/827/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas documenta las múltiples violaciones cometidas durante y después del arresto:
1. Evidencia de tortura
Las notas médicas emitidas el 15 de octubre por la Dra. Claudia Alejandra Ángel Cabrera certifican las lesiones de ambos: hematomas en el ojo derecho, escoriaciones, dolor abdominal y cefalea tensional (policontundidos).
En sus testimonios, los hermanos narraron a la CEDH haber sido:
· Subidos a vehículos blindados con las manos atadas.
· Golpeados y asfixiados con bolsas de plástico (métodos de tortura).
· Amenazados de muerte mientras eran interrogados sobre armas que negaron poseer.
2. Prejuicio y estigmatización por ser de Guerrero
La familia Muñoz emigró de Guerrero hace cuatro años para dedicarse a la ganadería y producción de leche. Su relato es un potente testimonio del uso de prejuicios para criminalizar:
“Las autoridades, los medios y la sociedad pueden verificar que en esa localidad vivimos muchas familias que somos de Guerrero. Vinimos huyendo de la violencia y solo nos dedicamos a trabajar. Pero por ser de Guerrero nos acusaron de ser generadores de violencia”
3. Presunción de culpabilidad y fabricación de delitos
El acto más flagrante de abuso institucional ocurrió cuando, antes de la investigación, la Fiscalía difundió fotografías y comunicados presentándolos como miembros de la delincuencia organizada.
· En las imágenes difundidas, a Daniel Muñoz se le colocaron un rifle AK-47 y una pistola, atribuyéndoles de inmediato la quema de 14 vehículos.
· Este proceder no solo vulnera el Principio de Presunción de Inocencia, sino que evidencia una grave falta de ética y el objetivo de la Fiscalía de construir una narrativa de culpabilidad sin fundamento legal ni ético.
La urgencia del cese a la simulación
La audiencia de los hermanos Muñoz Vargas por el delito de Ataque a la Paz Pública está programada en el Centro Penitenciario El Amate. La defensa de la familia clama porque se respete el debido proceso y que la justicia no se convierta en una simulación.
El caso Muñoz Vargas es una alerta necesaria en Chiapas. Demuestra que la respuesta del Estado a la crisis de seguridad no puede ser la invención de culpables. La CEDH tiene la responsabilidad histórica de evitar que este expediente, que acredita la detención ilegal, el robo, la tortura y la fabricación de delitos, termine modificado o archivado.
La sociedad chiapaneca exige que la violencia sea combatida con ley y verdad, no con silencios institucionales y rostros golpeados de trabajadores estigmatizados y declarados culpables antes de poder defenderse.
Juez Armando Morales desecha pruebas clave de la defensa
El Juez Armando Morales Juárez, titular del Juzgado del Ramo Penal de Villaflores, ha generado controversia durante la audiencia de vinculación a proceso de los hermanos Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio, al desechar pruebas testimoniales y periciales presentadas por la defensa con argumentos que dan plena credibilidad a la tortura y abuso de la fiscalía, fundado en un principio de culpabilidad, y desechando la presunción de inocencia.
Argumentos cuestionados
El Juez Morales Juárez exigió la presentación de un video de la detención, a pesar de que los propios policías presuntamente retiraron con violencia y bajo amenaza los teléfonos celulares de los familiares de los detenidos para eliminar cualquier evidencia de la detención.
En el desahogo del juicio oral, se presentó como testigos a los familiares presentes en el momento de los hechos, incluyendo a una menor de edad que logró grabar la detención.
Peritaje desestima versión de la Fiscalía
Un perito particular analizó los videos y demostró, a través de metadatos (hora, lugar y coordenadas), que la detención ocurrió en un sitio diferente al reportado por la Fiscalía de Chiapas. La confrontación de coordenadas reveló una diferencia de 40 minutos en automóvil entre el lugar de los hechos y la ubicación oficial.
A pesar de esta discrepancia geográfica crucial y la evidencia videográfica, el Juez Armando Morales Juárez optó por dar validez a los datos de la Fiscalía, la cual solo presentó un supuesto testigo y no aportó pruebas sobre la quema de vehículos relacionada con el caso.
Otras irregularidades en la evidencia
Otra prueba clave que el Juez desestimó se refiere al vehículo donde supuestamente se encontraron armas "sembradas" a los hermanos. La defensa demostró que el vehículo fue extraído de un rancho ajeno a los hermanos Muñoz.
"Suplencia ilegal" de pruebas y prejuicio
El Juez "suplió de manera ilegal la falta de pruebas" presentadas por la Fiscalía, institución señalada por su historial de "falsedad en sus acusaciones y la invención de pruebas para justificar detenciones arbitrarias".
En la acusación contra los hermanos Muñoz en Cintalapa, ni la hora ni el lugar de la detención coinciden con la realidad. Los hermanos fueron detenidos bajo el prejuicio de ser originarios de Guerrero, en una aparente estrategia de la Fiscalía para "justificar un combate a la delincuencia inventando pruebas".
