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Ciudad de México. La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y actualmente en discusión en el Senado, es una propuesta "absolutamente regresiva" que busca limitar el control judicial sobre el poder político, advirtió la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C.
En entrevista con Aristegui en Vivo, la magistrada expresó su profunda preocupación por una reforma que, desde su perspectiva, desmantelaría el juicio de amparo, considerado históricamente el "freno al abuso de poder" en México.
El riesgo de eliminar la defensa colectiva
El principal foco de alarma de la judicatura se centra en la restricción de la figura de "interés legítimo". Esta figura, introducida en 2011, permitió a organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y comunidades interponer amparos en defensa de derechos colectivos.
"Esta figura en especial ahora se restringe absolutamente y ya no podríamos tener esta defensa, lo cual me parece no solo grave, sino regresivo," señaló la magistrada Molina.
La eliminación del interés legítimo impactaría directamente la capacidad de la sociedad civil para detener actos de autoridad que lesionan el medio ambiente, la salud pública, el patrimonio cultural, el acceso al agua o los derechos de comunidades indígenas.
Obstáculos a la justicia
La presidenta de las juzgadoras también destacó otros tres puntos críticos de retroceso en la iniciativa:
1. Restricción de la Suspensión Provisional: La propuesta limitaría la capacidad de los jueces para detener la ejecución de actos de autoridad violatorios de derechos mientras se resuelve el juicio de amparo, permitiendo que el daño se consume.
2. Desvirtuación de sentencias: Aunque la iniciativa recoge criterios jurisprudenciales, Molina advierte que "los distorsionan para efecto de que ahora no pueda haber un control constitucional efectivo de los actos de autoridad."
3. Desobediencia del poder: La magistrada afirmó que estas modificaciones responden a la "incomodidad" del gobierno frente a un Poder Judicial que limita el ejercicio excesivo del poder. Recordó que, en años recientes, el Ejecutivo ha desobedecido públicamente resoluciones judiciales.
"A este gobierno, y a todos, le resulta incómodo que se detenga y se limite el ejercicio excesivo del poder cuando se violentan derechos de las personas", sentenció.
Molina de la Puente, quien participará en las audiencias públicas en el Senado, manifestó su deseo de que la consulta no sea una "simulación" como ocurrió con la reciente reforma judicial, y subrayó la importancia de que la sociedad civil y la judicatura sigan "alzando la voz" para dejar testimonio de los riesgos que implica la reforma.
