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Ciudad de México.- El Gobierno federal abrió una negociación directa con productores de jitomate para intentar contener el repunte de la inflación, que pasó de 3.7% en diciembre a 4.6% a finales de marzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sostendrá un encuentro con el sector para acordar un precio base de este producto, cuyo encarecimiento ha incidido de forma relevante en el costo de alimentos y servicios.
La estrategia se enmarca en una serie de medidas que incluyen subsidios, ajustes logísticos y acuerdos con distintos sectores económicos. El aumento reciente de precios se atribuye principalmente al alza en productos agropecuarios como jitomate, papa, cebolla y tomate verde, que tienen un peso significativo en el consumo cotidiano.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que el precio del jitomate impacta directamente en otros costos, como los de restaurantes. Indicó que el objetivo es evitar incrementos generalizados y reiteró que, en el caso de productos como la tortilla, no existen condiciones económicas que justifiquen aumentos, dado que el precio del maíz ha mostrado una tendencia a la baja.
Reunión con productores busca fijar precio base
El encuentro previsto con productores de jitomate busca establecer un mecanismo que limite la volatilidad del precio.
El Gobierno considera que este alimento tiene una incidencia directa en la inflación debido a su presencia en la dieta cotidiana. La negociación forma parte de un esquema más amplio de acuerdos con distintos sectores para contener presiones en precios clave.
Sheinbaum sostuvo que, pese al repunte inflacionario registrado en marzo, el nivel actual se mantiene por debajo de episodios previos, como el registrado en 2022 durante la guerra en Ucrania, cuando el indicador alcanzó 7.8%.
Afirmó que, incluso con el incremento en energéticos derivado del contexto internacional, la inflación se mantiene contenida.
Subsidios y acuerdos intentan frenar alza
El Gobierno también ha implementado medidas en el sector energético para limitar el impacto en los precios. Entre ellas, destacan acuerdos con gasolineros para establecer precios máximos: 28 pesos por litro de diésel y 24 pesos para gasolina regular.
Estas acciones se acompañan de estímulos fiscales mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con un costo estimado de 5 mil millones de pesos en ingresos no recaudados.
La Procuraduría Federal del Consumidor informó que continuará con operativos de verificación en estaciones de servicio. En la última semana se inspeccionaron alrededor de 30 gasolineras, y en 13 se colocaron avisos por vender por encima de los precios acordados.
El contexto internacional también influye en la estrategia. El conflicto en Medio Oriente ha generado presión sobre los precios de energéticos, fertilizantes y metales, lo que impacta en los costos de producción agrícola y, en consecuencia, en los precios al consumidor. Ante este escenario, el Gobierno busca amortiguar los efectos mediante subsidios y acuerdos directos con los sectores involucrados.