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Irapuato, Gto.— Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre sanciones a un consorcio hotelero en Puerto Vallarta presuntamente vinculado a una red de fraude de tiempos compartidos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que en México “hay una investigación en proceso”.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la XII Región Militar, el funcionario señaló que el caso no se limita a Jalisco y Nayarit, sino que existen indagatorias abiertas en otras entidades del país.
García Harfuch destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, y que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, instancia que —dijo— será la encargada de informar sobre avances y posibles responsabilidades penales.
“De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas. Pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, afirmó.
Sanción internacional y alcance financiero
El jueves, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Kovay Gardens, un resort de tiempo compartido ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera Nayarit, así como contra cinco personas mexicanas y 17 empresas asociadas a la red señalada.
Según el comunicado estadounidense, la estructura operaba desde la zona de Puerto Vallarta, destino turístico que también identifica como un bastión estratégico del CJNG.
Las medidas implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades de ese país, lo que puede impactar operaciones financieras y comerciales internacionales del grupo señalado.
Investigación abierta y posible efecto dominó
Aunque el titular de Seguridad evitó adelantar nombres o detalles específicos, dejó entrever que el caso podría escalar conforme avancen las indagatorias financieras y ministeriales.
El señalamiento de Washington coloca bajo presión a las autoridades mexicanas para esclarecer la presunta red de fraude y su eventual vínculo con el crimen organizado, en un esquema que, de confirmarse, combinaría actividades turísticas, operaciones financieras y estructuras delictivas.
Por ahora, el mensaje oficial es claro: la investigación está en marcha y podría extenderse más allá de un solo destino turístico.
