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Ciudad de México.- La investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) incorporó a personas que habrían participado o tenido conocimiento de las operaciones bajo sospecha.
Ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) utiliza sus testimonios y documentos para reconstruir cómo habría funcionado una red de proveedores y servidores públicos.
La dependencia informó que algunos de estos informantes buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A cambio de aportar elementos relevantes, pueden acceder a beneficios relacionados con las sanciones que enfrentarían.
Mensajes y documentos bajo revisión
Entre el material entregado a la ASF hay fotografías, videos, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp, nombres y alias de personas presuntamente involucradas, además de testimonios y documentos.
La Auditoría señaló que estos elementos han permitido avanzar en las indagatorias sobre posibles irregularidades que se habrían extendido durante varios años en las contrataciones públicas de organismos electorales.
Uno de los principales indicios apunta a que los beneficiarios finales de empresas señaladas por integrar un duopolio habrían intervenido tanto en la selección de proveedores como en la elaboración de requisitos técnicos de las licitaciones para favorecer sus propios intereses.
Tres actores bajo investigación
La ASF identificó en un diagrama tres componentes del presunto esquema. El primero corresponde a empresas fachada, el segundo a sus beneficiarios finales y el tercero a servidores públicos del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Con Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la institución, la Auditoría aseguró que mantendrá abiertas las investigaciones de oficio para establecer quiénes participaron en la posible red y cuál fue su intervención.
También buscará seguir el recorrido del dinero público que habría sido desviado mediante las licitaciones señaladas y determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
La dependencia sostuvo que las indagatorias continuarán hasta identificar a las personas involucradas y esclarecer el destino de los recursos públicos.
