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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los candidatos a las elecciones judiciales del próximo 1º de junio no podrán gastar más de 220 mil 326 pesos durante los 60 días de campaña. Este límite, que deberá ser cubierto exclusivamente con recursos personales, forma parte de las reglas establecidas por la reforma judicial, la cual prohíbe el uso de financiamiento público o privado en este proceso electoral inédito.
Durante la sesión del Consejo, se debatió intensamente sobre el monto adecuado para los gastos de campaña. Mientras algunos consejeros consideraron que 220 mil pesos es un límite razonable y equitativo, otros argumentaron que cargos de alcance nacional, como las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), requieren un presupuesto mayor.
A diferencia de otros procesos electorales, en los que los partidos políticos reciben recursos públicos y pueden captar donativos privados, la reforma judicial establece que los candidatos solo podrán utilizar sus propios fondos. Además, se prohíbe la contratación de espacios publicitarios en radio, televisión, medios impresos o plataformas digitales. Los aspirantes solo podrán promocionarse en redes sociales de manera “orgánica”, es decir, sin pagar por amplificar el alcance de sus mensajes, y participar en foros públicos.
El consejero Ciro Murayama destacó que limitar el gasto a 220 mil pesos busca evitar que el proceso se convierta en una competencia desigual, donde solo candidatos con mayores recursos económicos tengan ventaja. “Topes de campaña de 2 millones de pesos estarían restringidos a personas que dispongan de 20 millones de pesos, es decir, un millón de dólares. Solo 288 mil mexicanos, el 2.3 por millar, tienen esa capacidad económica”, explicó.
No todos los consejeros estuvieron de acuerdo con la decisión. Carla Humphrey Jordan advirtió que el monto de 220 mil pesos podría ser insuficiente para que los candidatos den a conocer sus propuestas, lo que limitaría la competencia a figuras públicas ya conocidas. “Con esta limitación, la población solo podrá elegir entre las mismas figuras que ya son conocidas a través de los medios”, señaló.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera reconoció que la medida no es óptima, pero atribuyó las limitaciones a “deficiencias normativas” de la reforma judicial. “Estas reglas hacen inoperantes las campañas y no propician la equidad, sino que crean incentivos para la simulación”, afirmó.
