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Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), hoy dirigida por Nadia López García, han instaurado una política que viola de manera frontal principios constitucionales básicos, entre ellos la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la prohibición de actos estigmatizantes por parte de la autoridad.
Para poder participar en premios nacionales de poesía —entre ellos el Premio Aguascalientes— los creadores mexicanos son obligados a firmar una carta en la que, de manera anticipada, se les presume responsables de supuestos delitos de violencia sexual u otras conductas, bajo la amenaza expresa de retirarles el premio si llegaran a ser ganadores. Esta práctica no solo es jurídicamente insostenible, sino éticamente inadmisible: el Estado cultural actúa como juez, fiscal y verdugo, sin proceso alguno.
Esta carta, impuesta como requisito administrativo, sanciona una conducta inexistente, presupone culpabilidad y convierte una sospecha abstracta en motivo de exclusión. Se trata de una medida abiertamente inconstitucional.
Lo que se presenta como una medida de protección de género o integridad social, oculta, en la lectura crítica, una violación sistemática al artículo 1º y 20 de la Constitución Mexicana. Al obligar a los poetas a declarar “bajo protesta de decir verdad” que no han incurrido en conductas de violencia sexual o delitos similares —sin que medie una sentencia judicial—, el Estado mexicano invierte la carga de la prueba.
La carta infame viola el artículo primero de la Constitución, que prohíbe cualquier forma de discriminación y de estigmatización por parte de las autoridades, así como el uso de las llamadas categorías sospechosas para restringir derechos. El acceso a la cultura —y a los bienes simbólicos del Estado, como los premios literarios— no puede condicionarse a juicios morales ni a confesiones preventivas
Esta política fue instaurada en 2020, tras un caso en el que la propia Secretaría de Cultura violentó la presunción de inocencia de un poeta mexicano que posteriormente fue exonerado de una acusación falsa. Por esos hechos, la dependencia fue sancionada este mismo año, al acreditarse que incurrió en medidas inconstitucionales y discriminatorias. No obstante, lejos de corregir el rumbo, la Secretaría decidió normalizar el abuso, institucionalizándolo mediante esta carta infame, con la complacencia silenciosa de buena parte del gremio.
La denuncia de María Rivera
Fue la poeta María Rivera quien, este fin de semana, rompió el cerco de silencio y denunció públicamente esta práctica. “Esto que les hacen firmar a quienes concursan por el Premio Aguascalientes no solo es una aberración, sino una abierta ilegalidad”, escribió, recordando algo elemental: los premios literarios son literarios, no certificados de buena conducta ciudadana.
Rivera subraya un punto clave que la CNL, bajo la dirección de Nadia López García, parece ignorar deliberadamente: las autoridades culturales no son autoridades judiciales. No pueden juzgar, sancionar ni retirar premios “a contentillo”, ni obligar a los ciudadanos a firmar compromisos morales impuestos desde el poder. En un Estado de derecho, existen tribunales, debido proceso y garantías. No existen —o no deberían existir— juicios de sanidad moral administrados por burócratas culturales.
La poeta ha llamado, con razón, a que los escritores afectados promuevan recursos legales contra Nadia López García y la Secretaría de Cultura, por la violación sistemática de derechos constitucionales. Lo que está en juego no es solo un premio, sino un precedente autoritario que ya ha comenzado a replicarse en convocatorias estatales, como el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta (Guanajuato) o el Premio Internacional de la Ciudad de Mérida. En algunos otros se ha llegado a incluir que presuntas personas deudoras alimenticias no puedan participar como en el premio Jaime Sabines de Chiapas, entre otros.
Que estas políticas estigmatizantes se multipliquen mientras la mayoría de los escritores guarda silencio por miedo a “verse mal”, es quizá el síntoma más grave. La cultura, administrada desde la sospecha y el castigo preventivo, deja de ser cultura para convertirse en mecanismo de control. Y la responsabilidad de ello tiene nombres y cargos concretos.
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