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México– La impunidad volvió a asomarse en la escena política nacional el 26 de noviembre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera sobre los abusos cometidos contra los hermanos Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio en Chiapas. La respuesta presidencial fue un titubeo que dejó en evidencia no solo desconocimiento, sino la negativa a asumir la responsabilidad del Ejecutivo frente a posibles violaciones graves de derechos humanos.
“Bueno, ¿fue un caso, dices, en Chiapas?”, preguntó Sheinbaum antes de limitarse a señalar que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibir denuncias y emitir recomendaciones. Sin embargo, no hubo compromiso de supervisar la actuación del gobierno chiapaneco, investigar los hechos ni garantizar reparación del daño a las víctimas. Para las familias de Cintalapa, esta ambigüedad es la confirmación de que la impunidad no solo persiste, sino que se institucionaliza.
Acusados antes de existir el supuesto delito
La evidencia es contundente: los hermanos Muñoz Vargas, originarios de Guerrero, fueron detenidos, golpeados y su domicilio saqueado casi dos horas antes de que, según el reporte de la FGE, cometieran el delito de Ataque a la Paz Pública. Esto apunta a la invención de "chivos expiatorios" para justificar el operativo y dar una respuesta rápida a la violencia en el estado.
El expediente CEDH/827/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas documenta las múltiples violaciones cometidas durante y después del arresto, pero no se emitió ninguna recomendación para proteger al gobierno chiapaneco.
“Nosotros acreditamos que fueron detenidos a las 13:46 horas. La Fiscalía afirma que incendiaron un vehículo a las 15:10 horas. Es decir: los imputan por un hecho ocurrido una hora y media después de que ya estaban privados de la libertad”, indicó el abogado de los detenidos.
Chiapas abusos sistemáticos de la autoridad
El caso de los hermanos Muñoz expone un patrón sistemático de abuso de poder. El 13 de octubre de 2025, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron un operativo denunciado por detenciones arbitrarias, tortura, confiscación de teléfonos y destrucción de hogares. Los hermanos fueron acusados de la quema de vehículos en la autopista Ocozocuautla–Arriaga, a pesar de haber sido detenidos horas antes de los hechos.
Aura San Juan Ramírez
Vecinos y familiares denuncian manipulación de pruebas y coacción de testigos, prácticas que recuerdan a los peores esquemas de fabricación de culpables del pasado. Las consecuencias se sienten en toda la comunidad: escuelas cerradas, comercios vacíos, miedo generalizado y paralización de la vida cotidiana en rancherías y comunidades indígenas.
La estrategia del gobierno federal de delegar la investigación exclusivamente a comisiones de derechos humanos sin un pronunciamiento directo del Ejecutivo es, para los afectados, una negación de justicia. No basta con recomendaciones; lo que se necesita es intervención real, supervisión de las autoridades estatales y garantías de no repetición.
El silencio de Sheinbaum frente a un caso que involucra tortura, manipulación de pruebas y detenciones arbitrarias sugiere que la impunidad puede ser ahora oficial. La exigencia de las víctimas es clara: verdad, reparación y rendición de cuentas. Mientras el poder calla, el clamor de quienes han sufrido abusos permanece atrapado entre la indiferencia institucional y la desesperanza.
