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Iguala, Guerrero.- La mañana del 26 de noviembre, fuerzas federales de seguridad realizaron operativos simultáneos en dos inmuebles distintos relacionados con la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante estas acciones, se detuvo a tres presuntos implicados en los hechos, entre ellos un hombre identificado como Irving N y dos mujeres, según informaron fuentes locales.
De acuerdo con información recabada por la agencias de noticias, las diligencias comenzaron poco antes de las 7:00 horas en dos puntos específicos: la unidad habitacional Nicolás Bravo y la zona Centro de Iguala, municipios directamente vinculados a los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados, secuestrados y posteriormente desaparecidos.
La operación contó con la participación coordinada de varias instituciones de seguridad y procuración de justicia, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), lo que evidencia la magnitud y la importancia del caso para las autoridades federales.
En la vivienda ubicada en la calle Ramón Corona, en el Centro de Iguala, las fuerzas federales y militares ingresaron al inmueble, realizaron una inspección y colocaron sellos de clausura, asegurando la propiedad como parte de la investigación. Se indicó que los sellos incluían el folio de la carpeta de investigación correspondiente y especificaban que la diligencia estaba relacionada con el delito de desaparición forzada, directamente vinculado al caso Ayotzinapa.
De manera paralela, en la unidad habitacional Nicolás Bravo, en la calle Luis Donaldo Colosio, los efectivos detuvieron a Irving N y a dos mujeres. La vivienda también fue asegurada con sellos de clausura, en los cuales se registró el mismo motivo de la intervención que en el domicilio del Centro de Iguala.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos de la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos ocurridos hace más de una década, en los que los estudiantes desaparecieron en circunstancias violentas, generando una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente de México. La detención de los presuntos responsables y el aseguramiento de los inmuebles representan un paso significativo en la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas y para la sociedad en general.
