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Ciudad de México. – El Gobierno Federal ha decidido abrir un nuevo frente de batalla en su agenda de austeridad republicana, poniendo la mira en un sector que por décadas pareció intocable: las jubilaciones millonarias de exdirectivos y altos mandos en empresas y organismos públicos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Senado una iniciativa para modificar el artículo 127 constitucional, estableciendo un tope infranqueable a las pensiones de exfuncionarios de confianza.
La propuesta es tajante: ninguna jubilación de este tipo podrá superar el 50% de la remuneración neta de la titular del Ejecutivo. Esto significa que, de aprobarse, el techo máximo para estos pagos será de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. Esta medida no solo alcanzará a la administración pública centralizada, sino que barrerá con los privilegios en empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.
El diagnóstico presentado por el Gobierno revela cifras que rozan el escándalo. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, se detectaron 14 mil 73 jubilados que representan un gasto anualizado superior a los 28 mil millones de pesos; de este grupo, 9 mil 457 personas perciben mensualmente entre 100 mil y hasta un millón de pesos. Por su parte, en Petróleos Mexicanos (PEMEX), 544 pensionados superan el ingreso de la Presidenta, con un costo anual de mil 827 millones de pesos, mientras que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 jubilados reciben montos mayores al ingreso neto presidencial, sumando 4 mil 496 millones de pesos al año.
Pensiones abusivas
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que existen más de 45 mil pensiones que superan el monto máximo permitido por el ISSSTE y más de 8 mil por encima del tope del IMSS. Casos similares se reportan en la banca de desarrollo, como Nacional Financiera (Nafin), Banobras y Bancomext, donde decenas de exmandos mantienen ingresos superiores a los de la mandataria federal.
Al respecto, la presidenta Sheinbaum aclaró que la reforma no será retroactiva, es decir, no se reclamarán los pagos ya realizados en el pasado. Sin embargo, sí se ajustarán hacia adelante los montos de quienes actualmente perciben pensiones que rebasen el nuevo límite constitucional. El argumento central, respaldado por la consejera jurídica Estela Damián, es alinear el sistema a los principios de responsabilidad financiera.
El Ejecutivo estima que este recorte generaría ahorros inmediatos por 5 mil millones de pesos anuales, recursos que el Gobierno pretende redirigir a los programas de bienestar. La discusión se traslada ahora al Senado, donde se espera un debate intenso entre la defensa de los llamados "derechos adquiridos" de la alta burocracia y la urgencia de imponer límites éticos al gasto público.
