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Por Humberto Luna Marín
humberlunmar@yahoo.com.mx
De acuerdo a las declaraciones del presidente López Obrador, la reforma a los sistemas de pensiones estará enfocada en los casos de los afiliados al ISSSTE y los afiliados al IMSS sin incluir a los trabajadores de este último y el resto de los sistemas de pensiones.
La propuesta que el presidente dará a conocer el próximo 5 de febrero es probablemente la más trascendente de las cinco anunciadas, sin demeritar a las restantes, y nos atrevemos a hacer esa afirmación por los alcances financieros, sociales y fiscales de los sistemas de pensiones en México y el mundo.
Nosotros creemos que lejos de crearle un conflicto a quien lo sustituirá en la presidencia, López Obrador asume la responsabilidad de afrontar la grave problemática en que se encuentra el Estado Mexicano en relación al tema de los sistemas de pensiones, que como ya señalamos previamente se ha venido gestando desde hace varios sexenios.
Si nos referimos al ISSSTE nos encontramos una combinación o mezcla de casos, como se prefiera llamarles: tenemos entidades federativas como la Ciudad de México que tienen afiliados a sus trabajadores en el ISSSTE, se entiende que por pertenecer al Apartado “B” del Artículo 123; Por otra parte la mayoría de las universidades autónomas tienen afiliados a sus trabajadores al ISSSTE aun cuando las relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal del Trabajo y el Apartado “A” del Artículo 123, esto se debe a “ Ley López Portillo “, que es como se llamó coloquialmente a la reforma que incluyó a los trabajadores universitarios en un capítulo de la Ley Federal del Trabajo, pero que previamente estaban inscritos en el ISSSTE.
En cuanto al IMSS tenemos que además de todos los trabajadores del sector privado que por Ley se incorporan a este instituto, contamos con trabajadores de universidades como las de Querétaro y Sinaloa por mencionar algunos ejemplos, que cotizan al Seguro Social, con el derecho de alcanzar un tope de hasta 25 umas, más prestaciones contractuales en la materia y el caso los trabajadores del Gobierno de Oaxaca están inscritos al IMSS con cobertura parcial.
Es pertinente poner en la mesa de la discusión casos como los de las entidades federativas, puesto que prácticamente todos sus sistemas de pensiones se encuentran en números rojos, producto de las prácticas discrecionales y corruptas de los gobernadores a través de las distintas administraciones, así como la falta de voluntad política para corregir lo que estaba mal, con las consignas de “que lo resuelva el que sigue”.
Los casos más relevantes en términos cuantitativos son la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México el número de trabajadores eventuales es sumamente alto y se manejan distintos tipos de nóminas con derechos y prestaciones diferenciados, pero los casos más graves se dan en las alcaldías, en las cuales se aplican criterios que determinan los alcaldes y los representantes sindicales según les parezca conveniente; razón por la cual nos encontramos situaciones distintas dependiendo de la demarcación, aunque con el común denominador de la discrecionalidad y el cochupo. Los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías están afiliados al ISSSTE, sin embargo, existe un organismo llamado Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México CAPTRALIR.
Resulta muy importante destacar que el Gobierno de la Ciudad de México es uno de los pocos o el único que cumple con la obligación constitucional y legal de pagar las aportaciones del 5% del sueldo, por concepto de vivienda.
El Estado de México cuenta con su propio instituto de seguridad social el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMYM que arrastra una serie de deudas de dependencias y organismos como el CUSAEM y la Universidad Autónoma del Estado de México que adeudan más de 10 mil millones de pesos entre los dos, sin contar a los municipios, de cuotas y aportaciones que simplemente se dejaron de cobrar por razones que no están nada claras, el EDOMEX es uno de tantos que no cumple con el pago de las aportaciones de vivienda, la actual gobernadora hereda un problema de grandes dimensiones y de difícil solución, tan solo en el renglón de la seguridad social.
En Zacatecas la Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ, tiene una deuda de 3 mil de millones de pesos con el ISSSTE por concepto seguridad social, resulta asombroso si nos atenemos al tamaño de dicha Universidad.
En San Luis Potosí el actual gobernador denunció un fraude de 700 millones de pesos sustraído del Fondo de Pensiones.
Ocuparíamos demasiado espacio para continuar con la lista, porque casi todos los estados tienen un pasivo laboral que se sigue incrementado.
Las universidades y los institutos de educación superior autónomos por ley son otro de tantos ejemplos a los que nos tenemos que referir cuando se habla de las pensiones, los pasivos laborales y las malas prácticas de patrimonialistas que dispusieron de las finanzas como les vino en gana.
Antes que nada hay que dejar claro que estamos a favor de la autonomía, por todo lo que implica la libertad de cátedra, la libre difusión de la ciencia, la cultura y la discusión de las ideas. Aunque en muchas de estas casas de estudios desde hace varios años se han impuesto las ideas de las derechas.
Con lo que no estamos de acuerdo es con la visión y las prácticas discrecionales que han ejercido de manera incontrable los grupos de poder incrustados en dichas casas de estudios a lo largo de muchos años.
La UNAM es uno de los casos más significativos pues cuenta con cerca del 80% de los 40 mil o más docentes de asignatura sin estabilidad en el empleo con sueldos miserables, casi sin prestaciones y que difícilmente llegarán a obtener una pensión.
Mientras tanto los grupos que controlan la UNAM han creado miles de plazas de confianza que incluso invaden las actividades del personal de base. Estas plazas de confianza cuentan con sueldos medios y altos. Así hemos visto que en lugar de resolver el problema de las y los docentes de asignatura, prefirieron crear plazas para sus incondicionales.
Así tenemos que el personal de Carrera que acumula varios años de antigüedad y que cuenta con bonos por estímulos a su labor, se resisten a pensionarse porque la pensión de 10 umas resulta muy inferior al sueldo que devengan en activo.
De tal manera que se crea un cuello de botella para los docentes que aspiran a ocupar las plazas más calificadas y mejor remuneradas.
Queda claro que en la UNAM los grupos de poder han preferido ampliar su base social, antes que atender las actividades sustantivas.
Hay otras universidades donde el personal académico y administrativo se pensiona con 25 años de servicios, de manera que nos encontramos con docentes que se pensionan a la edad que oscila entre los 50 y los 60 años y que además por estar inscritos al IMSS, sus pensiones tienen un tope de 25 umas, a esa edad los docentes e investigadores es cuando se encuentran en la etapa de plenitud de profesionalización y conocimientos.
Sin caer en malas comparaciones, consideramos que es injusto que los trabajadores de otras universidades, sean docentes o administrativos cuenten con mejores condiciones que la que es considerada máxima casa de estudios y que se encuentra calificada entre las mejores del mundo.
Tenemos otros casos como Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores del Seguro Social donde existen pensionados que alcanzaron más del 100% de su último salario, después vino una generación con el 100% del último salario y a partir de 2008 las nuevas generaciones con el Sistema de cuentas individuales. Petróleos Mexicanos que tiene una especie de castas, ya que los nuevos trabajadores están en cuentas individuales y los eventuales llamados eufemísticamente “transitorios” que no tienen derecho al ahorro para el retiro ni a la Vivienda, otros casos notorios son el Banco de México y Nacional Financiera, aunque hay más que conforman una clase privilegiada dentro de la clase trabajadora.
Solamente mencionaremos de pasada a la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que cuentan con sistemas de pensiones únicos en el mundo, quienes constituyen una especie de aristocracia.
Este señalamiento puede incomodar a algunos trabajadores y sindicatos, sin embargo, es parte del análisis que tenemos que hacer.
