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*Para el PRI la violencia registrada en varias entidades no está relacionado con el clima electoral, sino que son de la “vida cotidiana”
*La PGR ausente en los hechos de violencia electoral en Guerrero
Al menos siete candidatos que compiten en la elección de Guerrero han sufrido amenazas y secuestro; dos fueron asesinados y otros dos abandonaron la contienda por temor a la inseguridad, en todos estos hechos de violencia asociada a grupos criminales la constante es la ausencia de la Procuraduría General de la República y la dilación en las investigaciones; mientras la situación política y social se calienta más en este estado prioritario en la estrategia de recuperación del PRI, el gobierno federal repite que los hechos de violencia criminal no están asociados a las elecciones.
Incluso, este día, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz aseguró que los hechos de violencia que se han registrado en varias entidades no están relacionados con el clima electoral, sino que son de la “vida cotidiana”, una afirmación que intenta desdibujar los quince disparos que recibió Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI en Chilapa, de parte de un grupo armado y que cortaron de tajo con su aspiración de gobernar esa alcaldía.
Ayer mismo, en Guerrero dos candidatos sufrieron agresiones por parte de supuestos grupos criminales. Jorge Camacho, candidato a la gubernatura de Guerrero por el PAN, denunció que integrantes de su equipo de campaña fueron atacados con disparos.
De acuerdo a Camacho, la agresión tuvo lugar en Petatlán, en la comunidad de Coyuquilla, alrededor de las 21:30 horas.
Según narró, un grupo de desconocidos disparó contra el vehículo en el que se transportaban, obligándolos a detenerse y a identificarse. Luego, los agresores les permitieron retirarse sin que nadie resultase lesionado.
Pese a que Camacho señaló que bien podría tratarse de una confusión, y no de un ataque directo, reiteró que presentará una denuncia formal contra las autoridades correspondientes.
Por otra parte, el Partido Movimiento Ciudadano denunció el presunto secuestrada por 4 horas de su candidata a diputada local por el distrito 02, Leticia Maganda Sánchez.
Maganda Sánchez, dijo que fue “secuestrada” por hombres armados y retenida contra su voluntad por cuatro horas, luego de lo cual fue puesta en libertad. Los armados le robaron la camioneta en la que se transportaba. La camioneta fue hallada más tarde, con las pertenencias revueltas y el parabrisas lleno de calcomanías de propaganda de MC.
Pioquinto Damián Huato, candidato a la alcaldía de ese partido en Chilpancingo, señaló como responsables al PRI y al PRD, bajo el argumento de que los hechos se dieron tras subirse a las redes sociales un video en el que evidencian la corrupción e impunidad que ha “imperado” en la capital y en el estado.
A estos hechos se suma el asesinato de Aidé Nava González, candidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El secuestro de Silvia Romero Suárez, candidata a una diputación plurinominal local por el PRD, secuestrada por más de 24 horas, por un grupo armado, y que abandonó la campaña por “estar muy asustada”.
El 25 de abril, con las campañas por la gubernatura más que iniciadas, el candidato de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, declaró en conferencia de prensa que él y la comitiva que lo acompañaba habían sido encañonados con “cuernos de chivo y lanzagranadas” por un grupo de 20 hombres.
El hecho sucedió a las 6 de la madrugada, en Chilapa, cuando se dirigía a un evento proselitista en la Montaña.
El hecho provocó que se cuestionara no sólo la seguridad de los candidatos sino la propia viabilidad de las elecciones. No obstante, entre reiteradas afirmaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de que las elecciones no tenían por qué suspenderse y cambios en los procedimientos de seguridad de varios candidatos, las elecciones siguen en medio del temor y la incertidumbre por la violencia criminal.
El 1 de mayo, un grupo armado del crimen asesinó con 15 balazos a Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa.
La Fiscalía de Guerrero informó “que el candidato fue interceptado por un grupo armado en el poblado de Atzacoaloya y fue bajado de su vehículo, golpeado y después asesinado con armas de fuego”. También señaló que de las distintas líneas de investigación había una que tomaba cada vez más fuerza: el crimen organizado.
José Santos Valdivia, suplente de Fabián Quiroz rechazó sustituirlo. Tenía miedo.
El hecho, además, empañó la noticia de los cuatro militantes de Nueva Alianza asesinados, tras haber sido secuestrados el 30 de abril en Ixcapuzalco, cabecera municipal de Pedro Ascencio Alquisiras. Sus cuerpos se encontraron después en la comunidad de Rancho Nuevo.
Días después, el 5 de mayo, el candidato del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, fue secuestrado por un grupo armado. Su secuestró duró medio día, y fue confirmado y condenado por el propio dirigente nacional de su partido, Carlos Navarrete.
Pese a todo, ni la Fiscalía del Estado, ni el propio candidato, quien apareció horas después, confirmaron el hecho. Mendoza Acosta aseguró que todo “había sido una confusión”.
Quien no tuvo tanta suerte fue Valentina Rosendo Cantú, candidata a la presidencia municipal de Acatepec por Morena, quien fue hospitalizada tras una persecución automovilística en la carretera rumbo a Chilapa. Desesperado, su chofer perdió el control y terminó saliéndose de la carretera y sufriendo una volcadura.
A Rosendo Cantú, renunció a la candidatura de su partido por temor a la inseguridad.
Medios de comunicación internacionales han llamado la atención sobre la estrategia de grupos criminales de influir en las campañas electorales para ganar territorio. De hecho fuentes del gobierno han mencionado que en Guerrero cada partido tiene su grupo criminal con los que mantienen acuerdos. En la parte Norte y Centro del estado de Guerrero, donde han ocurrido la mayoría de las agresiones y asesinatos contra los y las candidatas es zona de influencia de tres asociaciones criminales: los Ardillos, los Rojos y el Cartel Unido de la Sierra.
A todo esto se le suma la toma de Chilapa por un grupo de supuestos policías comunitarios que dejó un saldo de 16 desaparecidos.
En todos estos hechos violentos, la procuraduría General de la República ha estado ausente en Guerrero pese a que en todos se configuran delitos federales.
La investigación de los desaparecidos en Chilapa está a cargo del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, cuando no es la autoridad competente para realizar investigaciones.
