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El Congreso del Estado de Guerrero, en coordinación con los Poderes Ejecutivo y Judicial, avanza en la armonización de la reforma judicial con las leyes locales, con el objetivo de definir el proceso para la elección de jueces y magistrados. Según el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se busca garantizar que el proceso sea transparente y cuente con los recursos necesarios para su implementación.
Urióstegui explicó que, desde la aprobación de la minuta en materia de reforma judicial, se instaló una mesa técnica con representantes de los tres poderes para analizar los aspectos técnicos, presupuestales y políticos del proceso. Destacó que la entidad enfrenta desafíos financieros debido a los recursos destinados a la reconstrucción tras el paso de dos huracanes, lo que ha obligado a un análisis exhaustivo para determinar la viabilidad de la elección.
La reforma judicial contempla dos opciones: realizar la elección este año o posponerla hasta 2027, dependiendo de las condiciones de cada entidad. Urióstegui señaló que la decisión final recaerá en el Congreso local, en función de las particularidades de Guerrero. Además, resaltó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados para garantizar un proceso responsable y consensuado.
En paralelo, el diputado local Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros propuso un reajuste financiero para alinear las elecciones judiciales con las federales, programadas para junio de 2025. Esta propuesta busca optimizar recursos y sincronizar los procesos electorales en el estado.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la Constitución permite a los estados realizar las elecciones del Poder Judicial en 2025 o 2027, dejando la decisión final en manos de los congresos locales. Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum respondió a preguntas sobre las declaraciones del magistrado presidente del Poder Judicial de Guerrero, Ricardo Salinas, quien advirtió que la falta de recursos económicos podría retrasar el proceso hasta 2027.
