Table of Contents
Guatemala vivió un fin de semana marcado por una escalada de violencia sin precedentes recientes, que incluyó motines simultáneos en tres centros penitenciarios y el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante estos hechos, el presidente Bernardo Arévalo decretó el domingo el estado de sitio en el país.
En las últimas 48 horas, además de los policías asesinados, se registraron varios motines carcelarios en los que decenas de custodios y personal penitenciario fueron tomados como rehenes. El gobierno declaró tres días de luto nacional y suspendió las clases este lunes como medida preventiva.
Motines y ataques coordinados
Los disturbios fueron protagonizados por integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes el sábado iniciaron motines simultáneos en tres cárceles del país. La violencia no se limitó a los penales, sino que se extendió a las calles de Ciudad de Guatemala y municipios cercanos.
Las agresiones, dirigidas principalmente contra la PNC, dejaron un saldo de ocho policías muertos y al menos una decena de heridos. Según las autoridades, se perpetraron al menos 10 ataques coordinados contra sedes policiales en la capital y sus alrededores durante la madrugada del domingo.
Los atentados ocurrieron pocos minutos después de que la PNC difundiera imágenes y videos de la captura de Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, máximo líder de Barrio 18, lo que reforzó la hipótesis de una represalia directa por parte de la estructura criminal.
La ofensiva desató temor entre la población y colocó al gobierno progresista de Arévalo, en el poder desde enero de 2024, frente a una de sus crisis de seguridad más graves.
Presión por privilegios penitenciarios
De acuerdo con las autoridades, el objetivo de los motines era presionar al Estado para lograr el traslado de Ochoa a una prisión con condiciones más favorables, así como la restitución de privilegios penitenciarios para otros miembros de la pandilla.
Ochoa cumple una condena cercana a los 2 mil años de prisión por delitos que incluyen asesinato, robo agravado, asociación ilícita y tentativa de homicidio. También se informó que está casado con una sobrina de la ex primera dama y excandidata presidencial Sandra Torres.
En un mensaje a la nación, Arévalo afirmó que “los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley”, y advirtió que las “estructuras político-criminales” que los respaldan también serán desmanteladas.
El mandatario sostuvo que la violencia fue una reacción directa a las acciones del gobierno para debilitar a las pandillas, primero mediante el control de los centros penitenciarios y, tras el fracaso de los motines, con ataques “cobardes” contra la Policía en distintos puntos del país.
Estado de sitio y medidas excepcionales
El decreto de estado de sitio, que deberá ser ratificado por el Congreso —donde el partido oficialista es minoría—, tendrá una vigencia inicial de 30 días. La medida suspende derechos como la libre reunión y manifestación, y autoriza detenciones sin orden judicial.
La actual crisis se suma a una escalada de violencia que Guatemala arrastra desde 2025. En octubre de ese año, la fuga de 20 cabecillas de Barrio 18 de un penal provocó una crisis política y de seguridad que derivó en la destitución de altos mandos del Ministerio de Gobernación.
El actual ministro del ramo, Marco Antonio Villeda, designado tras esa crisis, reiteró que el gobierno no negociará con pandillas. “Esta administración no va a pactar con ningún grupo terrorista ni a devolver privilegios a cambio de que cesen sus acciones”, afirmó, al tiempo que responsabilizó a los amotinados por la integridad de los 46 guardias y un psicólogo que fueron tomados como rehenes.
Un país golpeado por la violencia
Las pandillas mantienen un fuerte control territorial en Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, con 18.5 millones de habitantes. En 2025 se registraron 3 mil 22 muertes violentas —16 homicidios por cada 100 mil habitantes—, lo que lo convierte en el país más violento de la región.
El gobierno ha endurecido su estrategia con operativos policiales, reformas penitenciarias y una nueva ley antipandillas que declara a las maras organizaciones terroristas y eleva las penas por extorsión de 12 a 18 años de prisión. Estados Unidos también catalogó recientemente a Barrio 18 como organización terrorista extranjera.
Entre las medidas más recientes figura el aislamiento de líderes criminales para impedir que sigan operando desde prisión, una decisión que, según las autoridades, detonó los hechos violentos del pasado fin de semana.
