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Guanajuato.- La noche del viernes 29 de mayo, el silencio de Salamanca, Guanajuato, se vio drásticamente interrumpido por las balas. Lo que comenzó como una reunión de vecinos y conocidos en la vía pública terminó en una escena de terror.
De acuerdo con los primeros reportes de la Dirección de Seguridad Pública local, un comando armado a bordo de un automóvil irrumpió en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, abriendo fuego de manera indiscriminada contra un grupo de personas.
El saldo es devastador: la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de cinco personas —tres hombres y dos mujeres—, mientras que otras dos resultaron heridas. Por si fuera poco, las autoridades informaron que los agresores lograron secuestrar a una persona antes de darse a la fuga, dejando tras de sí una estela de pánico y un despliegue de emergencia que, una vez más, llegó demasiado tarde.
El "modus operandi" del terror cotidiano
El ataque en Salamanca no es un hecho aislado, sino el reflejo de una dinámica de violencia que parece normalizarse en el estado. Los testigos narran una secuencia que ya resulta trágicamente familiar en la región: la llegada sorpresiva de un vehículo, ráfagas de armas de alto calibre y una huida limpia.
A pesar de que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno implementaron de inmediato un operativo coordinado de vigilancia y búsqueda, hasta el momento no se reportan detenidos. La capacidad de reacción de las fuerzas del orden vuelve a quedar en entredicho ante la impunidad con la que operan las células delictivas a plena luz del día o en zonas habitacionales de alta concurrencia.
Guanajuato: la herida abierta que la federación no logra sanar
Este nuevo multihomicidio sitúa otra vez a Guanajuato en el foco de la crisis de seguridad nacional. El estado se ha mantenido de forma persistente entre los primeros lugares de homicidios dolosos en el país, disputado principalmente por cárteles que pelean el control del territorio para el tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible.
"La urgencia ya no es solo coordinar operativos tras las tragedias, sino desmantelar las redes de impunidad que permiten que estos ataques ocurran en vecindarios residenciales."
Mientras las carpetas de investigación se acumulan en la Fiscalía estatal y las familias de las víctimas exigen justicia, Salamanca se suma a la larga lista de municipios guanajuatenses que viven bajo la sombra del miedo, esperando respuestas estructurales que vayan más allá del despliegue temporal de patrullas.
