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Acapulco, Gro.- La ofensiva judicial contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se ha convertido en un caso emblemático de la judicialización de la política en Guerrero. Denuncias acumuladas, procesos simultáneos y expedientes que avanzan y se frenan al ritmo de coyunturas políticas dibujan un escenario donde la ley parece menos interesada en la rendición de cuentas que en la erosión de un liderazgo incómodo.
La más reciente denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un presunto delito de cohecho relacionado con un collar, supuestamente valioso, pues no ha sido verificada su autenticidad, se suma a una larga lista de procedimientos abiertos contra la edil morenista.
Para la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Jacinto González Varona, no se trata de hechos aislados ni de una preocupación genuina por la legalidad, sino de una estrategia para minar la aceptación social de su partido en uno de los municipios más importantes del estado.
“El ataque no es solo contra Abelina, es contra Morena”, ha insistido el dirigente, al señalar que la alcaldesa enfrenta los mismos embates que otros cuadros del partido con presencia territorial y respaldo ciudadano. La lectura interna es clara: cuando no se logra derrotar políticamente a un actor, se intenta neutralizarlo por la vía judicial.
“Nosotros la vamos a cuidar, le vamos a ayudar conforme lo que marcan las normas internas del partido y las leyes en el estado”.
Un patrón reiterativo
A la denuncia por el collar se suman dos solicitudes de revocación de mandato en el Congreso local y una acusación de la Auditoría Superior del Estado por la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos de recursos federales. En este último caso, López Rodríguez ha sostenido que la ASE carece de atribuciones para fiscalizar fondos federales, una controversia que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual otorgó suspensiones a su favor.
Lejos de cerrar el capítulo, las suspensiones detonaron una reacción política: el Congreso local, dominado por Morena, impugnó la resolución de la Corte bajo el argumento de que se violentaba su autonomía. El debate dejó al descubierto una paradoja: mientras se invoca el respeto al estado de derecho, se cuestiona a la propia Corte cuando sus resoluciones no resultan convenientes.
La alcaldesa ha hablado incluso de “fuego amigo”, una expresión que en el contexto guerrerense remite a las tensiones internas de Morena y a la disputa anticipada por el control político del estado. Aunque públicamente López Rodríguez ha afirmado mantener una “excelente relación” con la gobernadora Evelyn Salgado, también ha sugerido que algunas denuncias se gestan desde círculos de poder cercanos al gobierno estatal.
En este entramado, la figura del denunciante recurrente —el ex candidato a alcalde Ramiro Solorio Almazán— refuerza la percepción de que los procesos judiciales operan como extensión de la contienda electoral permanente. Para la dirigencia morenista, se trata de “politiquería”: denuncias que buscan reflectores, no sentencias.
Nada de esto exime a la alcaldesa de la obligación de rendir cuentas. Pero el cúmulo de expedientes, su sincronía y el contexto político en el que se activan plantean una pregunta de fondo: ¿se investiga para sancionar conductas ilícitas o para desgastar a una figura que conserva influencia y proyección política?
En Acapulco, una ciudad golpeada por la pobreza, la violencia y los desastres naturales, la atención pública parece desviarse hacia una batalla legal donde la justicia corre el riesgo de convertirse en instrumento de poder. El caso de Abelina López no solo define el futuro de una alcaldesa, sino que expone las tensiones de un sistema donde la frontera entre legalidad y persecución política es cada vez más difusa
