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Baja California.- La justicia de Baja California ha alcanzado a uno de los rostros más polémicos de la política estatal. La mañana de este 24 de marzo de 2026, un juez dictó auto de vinculación a proceso penal contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador del estado y actual líder del Partido del Trabajo (PT) en la entidad.
A Bonilla se le imputan los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, cometidos presuntamente con dolo y en calidad de coautor. El caso, que ha sacudido la estructura política local, pone bajo la lupa su gestión como mandatario estatal.
El "negocio" de los 35 mil millones
El corazón del proceso judicial es la contratación de la empresa Next Energy durante la administración de Bonilla. El proyecto consistía en la construcción de una planta de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, pero los términos del contrato resultaron devastadores para las finanzas públicas:
- Una hipoteca de tres décadas: El estado se comprometió a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años.
- Costo total: La carga financiera proyectada ascendía a 35 mil millones de pesos.
- Garantía federal: Para asegurar el pago, se comprometieron las participaciones federales que corresponden a Baja California.
Dinero público por una obra inexistente
Lo más grave del caso, según las investigaciones, es que el estado ya ha sufrido pérdidas millonarias por una infraestructura que no existe. Además de una inversión inicial de 1,300 millones de pesos entregados como garantía, Banca Afirme realizó una "quita" o cobro directo por una planta que nunca se construyó.
La situación jurídica de Jaime Bonilla sigue en vilo mientras la audiencia continúa para determinar las medidas cautelares que se le impondrán. El fallo representa un hito en la rendición de cuentas de exmandatarios en el noroeste del país.
