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Ciudad de México.- El gobierno federal presentó una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión con el objetivo de establecer un marco jurídico nacional que obligue a todas las autoridades a investigar desde el primer momento toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio.
Uno de los cambios más relevantes es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de evitar clasificaciones erróneas que obstaculicen la justicia.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó esta mañana durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la iniciativa contempla una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia, homologar el tipo penal en todo el país y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o normas jurídicas, es hablar de vidas arrebatadas y de una deuda histórica en investigación y acceso a la justicia”, afirmó.
Entre los elementos contemplados en la iniciativa se incluye el reconocimiento de nueve razones de género para tipificar el delito, como la presencia de signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima o exposición pública del cuerpo.
La legislación también establece sanciones para la tentativa de feminicidio.
Penas más duras y más agravantes
El proyecto fija penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito y considera al menos 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, migrante o integrante de pueblos originarios.
Asimismo, plantea que el feminicidio sea imprescriptible, que se investigue de oficio y que el responsable pierda derechos como la patria potestad, los derechos sucesorios y cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.
Protocolos obligatorios y atención integral a víctimas
Otro eje de la iniciativa es la creación de protocolos homologados de investigación con perspectiva de género y la implementación del llamado “turno continuado”, mecanismo que busca evitar interrupciones en las indagatorias derivadas de cambios de personal ministerial.
Entre los derechos reconocidos se incluyen el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita, así como servicios educativos y de salud para menores.
Además, se contempla la reparación integral del daño, que no se limita a compensaciones económicas, sino que incluye políticas públicas orientadas a la restitución de derechos y protección de víctimas indirectas.
Registro nacional de orfandad
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que la iniciativa incorpora un enfoque integral de atención a víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio.
La iniciativa será enviada de inmediato al Senado, donde comenzará su análisis legislativo.
Autoridades federales señalaron que el objetivo central de la reforma es erradicar la violencia feminicida y evitar la revictimización derivada de clasificaciones iniciales incorrectas en las investigaciones.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa será enviada de inmediato al Senado y subrayó que uno de los cambios más relevantes es la obligación de investigar todos los casos como feminicidio desde el inicio. "Eso va a obligar a que ningún ministerio público, como ha pasado muchas veces, diga 'se suicidó' o 'fue otra causa'. De inicio, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio", enfatizó.
