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La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de otorgar apoyos directos a los municipios de Guerrero afectados por el huracán Erick, sin necesidad de hacer una declaratoria de desastre, podría tener una explicación estratégica por parte del Gobierno federal, según algunos funcionarios tanto del estado como de la federación. La razón principal por la que el Gobierno federal decidió no emitir, por ahora, la declaratoria de emergencia tras los primeros efectos de los ciclones recientes tiene que ver con una estrategia de previsión.
Según refieren, desde la Coordinación Nacional de Protección Civil se ha informado extraoficialmente que septiembre y octubre son los meses en que, históricamente, impactan los huracanes de mayor fuerza en el Pacífico mexicano. Por ello, las autoridades federales optaron por esperar antes de activar recursos extraordinarios, buscando no comprometerlos prematuramente.
Este razonamiento no se compartió públicamente de manera oficial, pero en el gobierno estatal reconocen que existe preocupación por los daños que ya provocó ‘Erick’, que tocó tierra el pasado 19 de junio a las 5:30 horas sobre el oeste de Oaxaca como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 km/h y rachas de hasta 250 km/h. A pesar de ello, el gobierno federal decidió no emitir la declaratoria, aunque sí se mantiene la coordinación para atender las afectaciones más inmediatas.
En un primer momento, esta decisión generó lecturas políticas inevitables: la idea de que Claudia Sheinbaum y el gobierno federal habrían dado la espalda a Evelyn Salgado y al gobierno de Guerrero. Sobre todo, porque Guerrero enfrenta ya afectaciones por las lluvias recientes y la memoria colectiva guarda el recuerdo fresco del desastre que causó el huracán Otis en octubre del 2023.
Sin embargo, esa interpretación pierde fuerza cuando se revisan los datos técnicos y los pronósticos oficiales.
El pasado mayo, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) emitió su pronóstico para la temporada de huracanes en el Pacífico, que va de mayo a noviembre. Estima que este año se podrían formar entre 14 y 20 tormentas con nombre propio, de las cuales entre 7 y 11 podrían convertirse en huracanes, y al menos 4 alcanzar categoría mayor (categoría 3, 4 o 5). Según este mismo organismo "los meses pico de la temporada son julio-septiembre".
Desde esa perspectiva, la estrategia federal de reservar la declaratoria tiene sentido técnico: si se emite muy pronto, se corre el riesgo de comprometer recursos que pueden hacer falta más adelante, cuando los fenómenos sean más peligrosos. Así, más que un gesto político, parece ser parte de una planificación basada en estadísticas y datos históricos.
Basta recordar las fechas de huracanes que han marcado la historia reciente de Guerrero para entender esa lógica. El huracán Paulina golpeó el estado en octubre de 1997, dejando cientos de muertos y enormes pérdidas materiales. En septiembre de 2013, Ingrid y Manuel impactaron casi de manera simultánea, provocando inundaciones y deslaves que dejaron decenas de muertos y graves daños. Más recientemente, en octubre de 2023, el huracán Otis sorprendió por su rápida intensificación y devastó Acapulco como categoría 5, con vientos de más de 260 km/h. Y en septiembre de 2024, el huracán John obligó a evacuar a miles de personas.
Frente a estos antecedentes, la decisión de reservar la declaratoria puede leerse como un intento de concentrar los recursos ante un eventual “Otis” en septiembre u octubre. La temporada apenas inicia y, como dice el pronóstico del NOAA, lo más peligroso suele llegar a partir de julio.
Aun así, no se puede ignorar que el daño ya está causado. El huracán Erick provocó afectaciones en varios municipios de Guerrero y Oaxaca. En el estado vecino, la situación es especialmente crítica: los presidentes municipales de 42 municipios solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación recursos para atender a más de siete mil damnificados. Entre las demandas que expusieron el pasado 20 de junio están la rehabilitación de caminos, la apertura de vías bloqueadas por deslaves, el restablecimiento de servicios básicos, la entrega de alimentos en comunidades incomunicadas y la reconstrucción de aulas y viviendas dañadas.
En Guerrero también se reportaron daños en caminos y comunidades rurales, afectaciones en cultivos y cortes de energía en municipios de la Costa Chica, Montaña y Centro. Sin embargo, hasta ahora la respuesta oficial se mantiene en el ámbito estatal y municipal, sin la declaratoria federal que permitiría liberar recursos extraordinarios de manera más rápida.
Ante estas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la ayuda federal llegará de todos modos, aunque no se haya emitido todavía la declaratoria de emergencia. De hecho, el pasado 25 de junio, el gobierno federal aclaró que existen 18 mil millones de pesos disponibles para atender a las personas damnificadas por fenómenos naturales, como el huracán Erick, pero que dichos recursos serán entregados tras realizar un censo por parte de la Secretaría del Bienestar. Esta información se presentó a través de un video en la conferencia matutina de Sheinbaum, dentro de la sección “El detector de mentiras”, desmintiendo la versión de que no hay presupuesto para desastres.
Así, la estrategia del gobierno federal parece clara: priorizar recursos para los meses que, según la NOAA y los registros históricos, concentran la mayor actividad ciclónica y los huracanes más intensos, garantizando a la vez que el apoyo llegue tras un proceso de evaluación. Desde el punto de vista técnico, tiene lógica. Pero en el terreno, el reto inmediato sigue siendo atender a quienes ya sufrieron las consecuencias de Erick.
