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Ciudad de México.- La administración de Claudia Sheinbaum ensaya una vía institucional ante las protestas de la CNTE en la Ciudad de México: desmarca la movilización legítima de los actos vandálicos y pone sobre la mesa una reforma histórica a los derechos laborales de los docentes.
Los recientes incidentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas que resguardan el Zócalo por la logística del Fan Fest del Mundial 2026, abrieron un nuevo canal de respuesta por parte del Gobierno de México.
Bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitieron pronunciamientos conjuntos para encauzar el conflicto hacia la vía del diálogo.
"Provocadores infiltrados"
A través de un comunicado firmado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez y un videomensaje del titular de la SEP, Mario Delgado, el gobierno federal delimitó las responsabilidades de los hechos violentos ocurridos tras la marcha que avanzó desde el Ángel de la Independencia.
Las autoridades aseguraron que las agresiones a la policía local y los daños a los servicios públicos fueron ejecutados por "provocadores infiltrados" ajenos al movimiento magisterial, desmarcando así las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de los disturbios.
Las propuestas
Como parte de la respuesta institucional ordenada por la presidenta Sheinbaum para atender el pliego petitorio, Mario Delgado anunció modificaciones a la estructura laboral docente: la inminente desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM) —un órgano ampliamente cuestionado por el sindicato— y el diseño de una iniciativa para reducir la edad de jubilación a 55 años para hombres y 52 para mujeres.
Con esta propuesta, el Ejecutivo federal busca restablecer el orden en la capital y garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como el funcionamiento del espacio público.
