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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno federal arrastra adeudos con empresas farmacéuticas desde 2024, al mismo tiempo que advierte con inhabilitar a las compañías que no cumplan a cabalidad con los plazos de entrega de medicamentos. Esta postura oficial genera un desequilibrio, donde la administración federal exige estricto cumplimiento contractual sin garantizar su propia responsabilidad financiera.
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que "no hay ningún problema para pagar las deudas" y que los pagos, especialmente los de 2024, están en proceso de revisión y liquidación.
Sin embargo, su mensaje a la industria fue tajante: "Cuando te comprometes, ganas una licitación y estableces tiempos de entrega, tienes que cumplir con el contrato con el gobierno de México". Esta advertencia precede a la amenaza de inhabilitar a las empresas que no regularicen sus entregas antes de fin de mes, una medida que sería aplicada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El contexto de la deuda vs. el incumplimiento
La exigencia presidencial contrasta con el escenario que enfrenta la industria. Estimaciones de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) señalan que los adeudos del gobierno ascienden a más de 19 mil millones de pesos, y advierten que esta morosidad millonaria amenaza con colapsar las operaciones de las propias compañías.
Representantes del sector acusan que el verdadero problema de incumplimiento no recae principalmente en las empresas mexicanas. Denunciaron que las 34 empresas incumplidas en la última compra consolidada de medicamentos incluyen un alto porcentaje de compañías extranjeras, señalando a firmas de India, en particular, por ofrecer precios "irrisorios" en licitaciones y luego fallar en la distribución.
En este contexto, la advertencia de inhabilitación por incumplimiento, sin resolver primero la crisis de liquidez generada por los adeudos del Estado, es percibida por el sector como una carga injusta que penaliza a los proveedores mientras el gobierno evade su propia responsabilidad contractual.
Prioridad nacional ante la dependencia externa
En un punto aparte, la Presidenta adelantó una nueva política de licitaciones para 2025, buscando reducir la alarmante dependencia del 80% de importaciones de medicamentos e insumos provenientes de Asia (India y China).
Sheinbaum Pardo indicó que las futuras licitaciones de Birmex darán una "calificación mayor" a las compañías que mantengan plantas de producción en México, aunque no fabriquen el medicamento específico que se licita. Si bien el objetivo es loable, esta estrategia deberá sortear el obstáculo de la escasa producción local y los "precios imposibles" que, según la industria, han desregulado el mercado y facilitado el incumplimiento de proveedores extranjeros.
