Table of Contents
Tras la denuncia de una campaña de difamación y extorsión contra el director de Obras Públicas de Chilpancingo, Juan Antonio Luquin Mendoza, el Gobierno del Estado de Guerrero reiteró su compromiso con la paz y la legalidad, y convocó a las autoridades municipales a fortalecer el trabajo coordinado y la denuncia formal a través de las instancias correspondientes.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, destacó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene como prioridad la atención de temas de seguridad desde el diálogo institucional, el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y el respeto al marco legal.
Rodríguez Cisneros subrayó que cualquier asunto relacionado con la seguridad pública debe canalizarse de forma oficial ante la presidencia municipal, la sindicatura o el cabildo, y que las posibles implicaciones legales deben ser presentadas ante la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República. “La seguridad requiere ser abordada desde la legalidad, con acciones concretas y denuncias formales donde corresponde”, afirmó.
El pronunciamiento del gobierno estatal ocurre en el contexto de los hechos registrados en la capital del estado, donde fueron colocadas lonas con amenazas directas contra el funcionario municipal, acompañadas de mensajes que lo acusaban de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado. Días antes, dos retroexcavadoras que trabajaban en una obra municipal fueron incendiadas por personas desconocidas.
La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chilpancingo rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que una auditoría estatal no encontró irregularidades en la gestión de la dependencia. Asimismo, informó que presentó denuncias ante las autoridades competentes para que se investiguen tanto las amenazas como los daños a maquinaria municipal.
Finalmente, el subsecretario Rodríguez Cisneros reiteró que el gobierno estatal respeta la autonomía municipal, pero insistió en la importancia de mantener el diálogo, la cooperación institucional y la denuncia formal como única vía para garantizar la seguridad de la ciudadanía y enfrentar la problemática nacional de extorsión que, según señaló, también afecta a Guerrero.
