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Gobierno de Guerrero interviene para liquidar a ex empleados del CICI Acapulco

Aunque la administración estatal no funge como patrón sustituto, se ha mantenido una actitud de apertura y colaboración para evitar mayores afectaciones a los trabajadores

El director de la Promotora Turística (Protur), José Luis González de la Vega Otero

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Acapulco, Guerrero.— El Gobierno del Estado de Guerrero mantiene el diálogo con los ex empleados del Centro Internacional de Convivencia Infantil (CICI) Acapulco con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan garantizarles un pago justo y una liquidación conforme a la ley, informó el director de la Promotora Turística (Protur), José Luis González de la Vega Otero.

El funcionario precisó que, aunque la administración estatal no funge como patrón sustituto del CICI, se ha mantenido una actitud de apertura y colaboración para evitar mayores afectaciones a los trabajadores. Añadió que la intervención del gobierno responde a un esfuerzo de conciliación y apoyo, luego de que el empresario Raúl Pérez Durán, propietario del centro, abandonara el contrato de operación, dejando sin empleo a 41 personas.

González de la Vega Otero detalló que se han sostenido múltiples reuniones con los ex trabajadores, entre personal sindicalizado y de confianza, y que 17 de ellos ya iniciaron su proceso de liquidación. Este se realiza en dos etapas, asegurando el pago total correspondiente a los años de servicio y a los conceptos laborales establecidos.

“El gobierno estatal, por instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, actúa en coordinación con la Secretaría de Finanzas para que los pagos sean justos y oportunos”, señaló el titular de Protur. Reiteró que esta intervención no implica responsabilidad patronal, sino un rescate administrativo para evitar que los afectados deban esperar la conclusión de un proceso judicial.

Finalmente, informó que la demanda interpuesta por los ex empleados continuará su curso legal, pero destacó que la prioridad del gobierno es atender de manera inmediata las necesidades económicas de las familias afectadas y resolver el conflicto de forma pacífica y transparente.

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