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Chilpancingo, Guerrero.- El Gobierno del Estado de Guerrero sostuvo una mesa de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 98VG/2023, relacionada con violaciones graves a derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la guerra sucia.
En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, refrendó ante el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Javier Estrada Correa, el compromiso del gobierno estatal de atender plenamente esta recomendación, mediante el diálogo, la coordinación institucional y el seguimiento puntual de las acciones.
Durante el encuentro, Rodríguez Cisneros señaló que el gobierno de Guerrero asume su responsabilidad política y moral al reconocer que el silencio y la impunidad que prevalecieron durante décadas profundizaron el daño causado a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CNDH reconoció los avances que ha registrado la administración estatal en materia de derechos humanos y expresó el interés del organismo nacional en dar seguimiento cercano al cumplimiento de la recomendación, mensaje que pidió hacer llegar a la gobernadora Evelyn Salgado.
En la reunión también participó la titular de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Cecilia Velasco Aguirre, quien destacó la importancia de acreditar formalmente el cumplimiento de los puntos resolutivos y de mantener coordinación con el Gobierno de México para respaldar las acciones emprendidas.
El subsecretario reiteró, finalmente, la disposición del Gobierno de Guerrero de mantener una coordinación permanente con la CNDH, como parte del compromiso institucional de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Tras la reunión, el subsecretario grabó un video a las afueras de las instalaciones de la Comisión, declarando:
"En atención a la Recomendación 98/2023 por violaciones graves a los derechos humanos, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a los familiares de las víctimas de la violencia política del pasado; a representantes de los colectivos de búsqueda y memoria, y a la ciudadanía del estado de Guerrero, comparezco ante este recinto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por instrucciones de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecilia Salgado Pineda".
"Lo hago con el respeto que exige la memoria de quienes sufrieron el uso desproporcionado e ilegal de la fuerza del Estado, y con la seriedad que impone la deuda histórica que hoy, de manera formal, comenzamos a reconocer. Durante el periodo de la denominada Guerra Sucia, el estado de Guerrero fue escenario de actos que violentaron los principios fundamentales de la dignidad humana", añadió.
"Las instituciones cuya función primordial era garantizar la seguridad y los derechos de la población fueron desviadas de su propósito para convertirse en instrumentos de represión, persecución y desaparición. En estricto cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno del Estado de Guerrero asume hoy su responsabilidad política y moral, al reconocer que el silencio y la impunidad que prevalecieron durante décadas profundizaron el agravio hacia las víctimas, sus familias y la sociedad", concluyó.
De acuerdo con la propia Recomendación emitida por la CNDH, como parte de las medidas de satisfacción y reparación del daño, el Estado mexicano deberá realizar, en un plazo máximo de seis meses tras su aceptación, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Dicho acto deberá incluir a las víctimas y a sus familiares, y será encabezado por un representante del Estado.
La Comisión establece que este acto debe contribuir al derecho a la memoria y a la verdad, y que previamente deberá recabarse la opinión de las víctimas y sus familias para definir, de común acuerdo, el lugar y la fecha, en un espacio público que permita ofrecer una disculpa institucional, reconocer la dignidad de las víctimas y aceptar formalmente la responsabilidad del Estado en los hechos documentados.
