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Ciudad de México.- Durante su sexenio, Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar los contratos de seguridad privada en dependencias federales, pero la realidad evidencia un claro contraste entre su discurso y los hechos: las empresas de Raúl Rocha Cantú, empresario dueño del concurso Miss Universo, recibieron decenas de contratos millonarios para custodiar instalaciones del gobierno, incluyendo la propia Fiscalía General de la República (FGR), hoy encargada de investigarlas.
El 24 de febrero de 2020, López Obrador aseguró:
"Se llegó al extremo, al colmo de que la Secretaría de Gobernación manejaba servicios privados a policías, para vigilar sus oficinas. Entonces, eso ya no se permite. Hay contratos vigentes y poco a poco se van a ir cancelando."
Sin embargo, en abril de 2023 justificó la continuidad de los contratos:
"No hemos logrado tener todos los elementos necesarios para sustituir por completo a estos servicios privados. Entonces por eso se hizo esta contratación, supongo, va a ir la Fiscalía al fondo."
Los hechos, documentados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), muestran que entre 2020 y 2022 la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) recibió al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos para vigilar inmuebles de la FGR. Esta empresa es una de las cinco vinculadas a la red de Rocha Cantú para rematricular y traficar armas que posteriormente eran entregadas a grupos criminales bajo licencias a nombre de las compañías, evitando detenciones en flagrancia.
El expediente judicial detalla que Jorge Enrique Alberts Ponce, representante legal de SEICSA, coordinaba la adquisición y distribución de armas y participó en el desfalco multimillonario a Segalmex a través de su otra empresa, Acurgen S.A. de C.V., vinculada a la Estafa Maestra.
El alcance de estas empresas va mucho más allá de la FGR. Entre 2018 y 2024, SEICSA acumuló decenas de contratos con dependencias federales como CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, INEGI, Capufe, Lotería Nacional y aduanas estratégicas en zonas de huachicol fiscal como Tijuana y Nogales. En la CFE, bajo la gestión de Manuel Bartlett, la empresa obtuvo 264 millones de pesos para vigilancia de inmuebles en el Valle de México.
MCCI también documenta conexiones sospechosas con funcionarios públicos: el domicilio compartido en Polanco de SEICSA, Acurgen y SERPROSEP está relacionado con Julia Abdalá Lemus, pareja de Bartlett, lo que evidencia un entramado de intereses cruzados entre seguridad privada, funcionarios y crimen organizado.
Otras empresas de la red, como Servicios Integrales Valbon y Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), también obtuvieron contratos millonarios con dependencias federales, dejando en evidencia que mientras el gobierno aseguraba sus instalaciones, recursos públicos financiaban indirectamente actividades ilícitas.
El caso pone al descubierto una profunda contradicción entre los compromisos anticorrupción de López Obrador y la realidad administrativa, y expone un vacío crítico en los mecanismos de control y supervisión de empresas de seguridad privada, donde la corrupción, el tráfico de armas y la impunidad parecen operar bajo la misma sombra de contratos legales.
