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Chetumal.— El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco se han convertido en los principales escuderos legales de la naviera estadounidense Royal Caribbean, al emprender una ofensiva jurídica para intentar revertir las suspensiones de amparo que mantienen frenado el megaproyecto “Perfect Day” en Mahahual.
Se trata de un parque acuático con una inversión estimada en 260 millones de dólares, que pretende instalarse sobre 107 hectáreas de ecosistema costero de alta sensibilidad ambiental. Las acciones legales de ambas administraciones morenistas buscan destrabar el proyecto, actualmente detenido por resoluciones judiciales federales.
La rapidez del respaldo gubernamental encendió las alertas de organizaciones ambientales. En un lapso de apenas 30 días, las autoridades locales aprobaron cambios de uso de suelo mediante un proceso fast track que, de acuerdo con activistas, omitió la consulta pública obligatoria.
El “brinco” oficial
El vínculo entre el poder público y la trasnacional tiene un nombre clave: Ari Adler Brotman. Hasta julio de 2025, Adler se desempeñaba como director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin), bajo la administración de Mara Lezama.
Un mes después, reapareció como presidente de Royal Caribbean Group México. Documentos obtenidos por este medio confirman que, ya como apoderado legal de la empresa, solicitó el cambio de uso de suelo el 3 de noviembre; ocho días más tarde, el dictamen fue aprobado.
Defensa desde el gobierno
Tras la suspensión del proyecto ordenada por la jueza federal Reyna Oliva Fuentes, derivada de los amparos promovidos por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la respuesta no provino de los abogados de la naviera, sino de funcionarios públicos.
Entre quienes impugnaron la resolución judicial se encuentran:
Yensunni Martínez, presidenta municipal de Othón P. Blanco, quien argumentó que los activistas carecen de “interés legítimo” al no residir en las inmediaciones del predio.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y excolaborador del exgobernador Roberto Borge, quien también promovió recursos legales contra la suspensión.
Un gigante sin permisos
Aunque la gobernadora Mara Lezama ha promovido el proyecto como una inversión “sostenible”, el desarrollo carece hasta ahora de la autorización de impacto ambiental de la Semarnat.
A pesar de ello, las obras ya habían iniciado, lo que derivó en una clausura por parte de la Profepa el pasado 30 de enero.
La asociación DMAS advierte que el proyecto representa una “bomba de tiempo” para Mahahual, una comunidad de apenas 2 mil 600 habitantes. El plan contempla edificios de hasta 63 metros de altura, que romperían el paisaje costero y pondrían en riesgo el ya limitado suministro de agua y la infraestructura de drenaje de la localidad. (Con información de Proceso).
