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México.- A casi dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el Gobierno federal informó avances en la investigación, con detenciones clave de presuntos responsables, aunque el caso sigue exhibiendo el nivel de penetración criminal y la vulnerabilidad de autoridades locales en Michoacán.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025. El detenido fue aprehendido en Morelia y, según la investigación, mantenía comunicación directa con integrantes de la célula criminal que ejecutó el ataque contra el edil.
Las indagatorias federales y estatales establecen que el atentado fue planeado con antelación y que los agresores daban seguimiento puntual a la agenda, movilidad y actividades públicas del presidente municipal mediante un grupo de mensajería instantánea, lo que evidenció fallas graves en los esquemas de seguridad y protección del alcalde.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el autor material del crimen, Víctor Manuel “N”, murió en el lugar de los hechos. Sin embargo, llegó acompañado de Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes también habrían participado en el intento de agresión directa contra Manzo y que posteriormente fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado, en hechos que aún son materia de investigación.
Tras el ataque, las autoridades lograron identificar a otros actores periféricos del operativo criminal. Entre ellos, Ricardo “N”, un taxista que presuntamente trasladó a integrantes del grupo delictivo después del homicidio, y Antonio “N”, alias El Pelón, detenido el 23 de noviembre en Uruapan, señalado como reclutador de jóvenes provenientes de centros de rehabilitación para actividades de sicariato y narcomenudeo.
Las detenciones continuaron en diciembre. El 9 y el 24 de ese mes fueron capturados Gerardo “N”, colaborador cercano de la célula, y Alejandro “N”, alias K o Z, líder criminal con operación en Parácuaro, vinculado a homicidios, extorsión y venta de drogas. Según la SSPC, este último habría dado refugio a uno de los implicados tras el asesinato del alcalde.
Aunque el Gobierno federal sostiene que se ha desarticulado al grupo responsable del crimen, el caso Manzo se suma a la lista de alcaldes asesinados en funciones en regiones donde la disputa territorial entre organizaciones criminales supera la capacidad de control de los gobiernos locales. Las detenciones, si bien relevantes, no disipan el fondo del problema: la normalización de la violencia política en Michoacán y la persistente exposición de autoridades municipales frente al crimen organizado.
En paralelo, García Harfuch informó que, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, las fiscalías estatales han abierto 4 mil 350 carpetas de investigación y que el 76.5 por ciento de los intentos no se concretaron. Sin embargo, los datos contrastan con casos como el de Uruapan, donde la intervención criminal no solo alcanzó a la economía local, sino al poder político mismo.
