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Ciudad de México – El asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en Guerrero, cuyo cuerpo fue hallado el lunes, ha tomado un giro oficial. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa que la principal línea de investigación de las autoridades apunta a que el presunto responsable del crimen sería el chofer del propio sacerdote.
García Harfuch, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), detalló cómo ocurrió el crimen y hacia dónde se dirigen las pesquisas.
"Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con quienes estamos trabajando, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa. Todo indica que es su propio chofer," explicó el funcionario.
Búsqueda del sospechoso y ausencia de amenazas
El Secretario de Seguridad precisó que el gobierno federal ya está colaborando con la FGE en la búsqueda y detención del presunto responsable.
Al ser cuestionado sobre el móvil del crimen, García Harfuch admitió que este aún no ha sido determinado, aunque enfatizó que, hasta el momento, no existe evidencia que relacione al sacerdote con actividades de riesgo o crimen organizado:
· Móvil: "El móvil no lo tendríamos todavía; es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos."
· Antecedentes: "No tenemos conocimiento de amenazas ni de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto. Fue un delito muy lamentable en la zona, y vamos a apoyar en todo a la fiscalía."
La declaración oficial busca tranquilizar a la opinión pública y a la comunidad religiosa al centrar el caso en un posible crimen interpersonal, desmintiendo de forma directa cualquier señalamiento contra la víctima.
Condolencias presidenciales
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y a los familiares del padre Bertoldo Pantaleón. La mandataria aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene una comunicación constante con la Iglesia Católica desde que se reportó la desaparición del sacerdote, confirmando la colaboración entre el Estado y la jerarquía eclesiástica para resolver el caso.
