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Ciudad de México.— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este lunes que la explosión de un vehículo ocurrida en Coahuayana, Michoacán —que dejó cinco personas muertas y 12 heridas— no será investigada como terrorismo, sino como un caso de delincuencia organizada. El anuncio no solo modifica la narrativa pública del hecho, sino que determina el marco legal, el tipo de delitos a perseguir y las autoridades responsables del caso.
La línea jurídica: por qué no es terrorismo
García Harfuch explicó que, tanto en la legislación mexicana como en los estándares internacionales, el terrorismo exige una característica central: la intención de imponer o coaccionar fines políticos, ideológicos, religiosos o sociales.
“No es terrorismo”, dijo. “Son delitos de tráfico y acopio de armas. En este caso son actos criminales para ampliar actividades ilícitas: control territorial, rutas de trasiego de droga, extorsión, tráfico, minería ilegal”.
Tras la insistencia de reporteros, el secretario reafirmó la postura:
—¿Se descarta entonces el terrorismo?
—“Sí, se descarta, no solo por la ley mexicana, sino también por la internacional”.
Qué cambia legalmente al descartar terrorismo
La decisión tiene implicaciones inmediatas:
1. El caso queda en manos de la FEMDO, no de áreas antiterrorismo
Al no tipificarse como terrorismo, la investigación se conduce desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), enfocada en delitos como tráfico de armas, homicidio, narcotráfico o extorsión.
2. Se evita activar protocolos especiales de seguridad nacional
Si el hecho se etiquetara como terrorismo, se activarían mecanismos de coordinación con inteligencia civil, contraterrorismo militar, cooperación internacional prioritaria y facultades extraordinarias del Estado para actuar de manera inmediata. Eso no ocurrirá.
3. Cambia el tipo penal y el alcance de las penas
El terrorismo en México contempla penas mucho más altas y efectos legales amplios sobre financiamiento, comunicación y logística.
Al descartarse, el caso se persigue bajo delitos de delincuencia organizada y homicidio, con otro marco punitivo.
4. Se reduce el alcance político-diplomático del caso
Reconocer un acto terrorista habría colocado a México bajo presión internacional, afectado inversiones fronterizas y activado alertas de viaje.
Clasificarlo como crimen organizado contiene el impacto externo.
Se concentra la explicación en la disputa criminal
El secretario insistió en que la explosión responde a un conflicto por control de territorio y expansión de actividades ilícitas, no a un mensaje político:
“Específicamente son actos criminales para ampliar actividades: rutas de trasiego de droga, narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal”, reiteró.
La postura oficial busca evitar la narrativa de un ataque con motivación ideológica y mantener el caso dentro de la lógica de la violencia criminal tradicional en Michoacán.
