Tabla de contenido
Ciudad de México.- Pese a los señalamientos directos que involucran a figuras de peso en Morena con el asesinato de Carlos Manzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas con la narrativa oficial: el crimen fue obra de la delincuencia organizada y no debe "politizarse".
En conferencia matutina, la mandataria delegó a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán la responsabilidad de decidir si cita o no a declarar al senador Raúl Morón, al diputado Leonel Godoy y al ex alcalde Ignacio Campos, luego de que la actual alcaldesa de Uruapan y viuda de la víctima, Grecia Quiroz, los acusara formalmente de estar involucrados en el homicidio.
"Lo que se sabe es este vínculo con la delincuencia organizada, muchos de los cuales ya fueron detenidos, incluso algunos que eran personas cercanas a Manzo", reviró Sheinbaum, minimizando la línea de investigación que apunta hacia el interior de su partido.
Justicia vs. Politización
La Presidenta subrayó que la prioridad debe ser el esclarecimiento del caso mediante las pruebas que ya vinculan a operadores criminales detenidos, advirtiendo que el proceso no debe convertirse en una arena de disputa política.
"Lo importante en las investigaciones del caso es que haya justicia y no que se politice", aseveró, en una clara alusión a las declaraciones de Quiroz, quien ayer martes sacudió la escena política estatal al señalar a los "connotados" morenistas como responsables del entorno que llevó a la ejecución de su esposo.
La papa caliente para la Fiscalía
Con este pronunciamiento, el Gobierno federal marca una línea de distancia: mientras la alcaldesa de Uruapan exige que se investigue el móvil político y a sus presuntos autores intelectuales en las altas esferas de la 4T michoacana, Palacio Nacional se ciñe a la tesis del crimen organizado.
Ahora, la fiscalía estatal queda en medio de la presión de una viuda que gobierna el municipio y la postura de una Presidenta que pide no manchar el proceso con nombres de la política local.
