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Ciudad de México.- Ante la severa controversia desatada por las irregularidades en el examen de admisión virtual para licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Gobierno Federal puede brindar asistencia técnica y educativa, pero enfatizó que la resolución del proceso y el deslinde de responsabilidades legales corresponden estrictamente a la Máxima Casa de Estudios en el marco de su autonomía.
Durante la conferencia matutina de este martes 28 de julio en Palacio Nacional, la Mandataria abordó la crisis que mantiene en incertidumbre a miles de aspirantes, luego de que la UNAM suspendiera provisionalmente las inscripciones debido a incrementos atípicos en los puntajes de carreras de alta demanda y acusaciones de que aspirantes aceptados utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para burlar la seguridad del sistema.
Certeza a aspirantes e investigación del fraude
La Presidenta precisó que la UNAM debe resolver el problema bajo dos ejes fundamentales sin vulnerar su autonomía:
- Certeza académica: Definir a la brevedad si la prueba aplicada en modalidad remota mantendrá su validez o si se repondrá el examen para garantizar un ingreso justo al ciclo escolar 2026-2027/1.
- Esclarecimiento de irregularidades: Investigar a fondo la mecánica del presunto fraude, determinando si existió complicidad de la compañía proveedora o si se trató de trampas individuales mediante IA.
"Ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que se prepararon. Es un tema que tienen que resolver: cómo se cometió este fraude, si participó la empresa que contrataron o si algunos estudiantes utilizaron Inteligencia Artificial. Si hay la comisión de un delito, corresponde a la Fiscalía General de la República", aseveró la Jefa del Ejecutivo.
Sheinbaum Pardo puntualizó que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, están en disposición de brindar asesoría técnica si la universidad lo solicita, pero reiteró que las decisiones finales y las eventuales denuncias penales recaen en las autoridades universitarias.
Un negocio multimillonario con entes públicos
La postura del Ejecutivo se da a conocer en medio de revelaciones sobre la empresa encargada de la infraestructura tecnológica de la prueba. Investigaciones periodísticas de EL UNIVERSAL dieron a conocer que la firma contratada, Territorium Life, acumula docenas de contratos con organismos públicos —entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), universidades estatales y el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF)— por un monto superior a los 218 millones de pesos.
Las críticas de los aspirantes rechazados y la detección de patrones irregulares forzaron la paralización del trámite de inscripción, dejando en suspenso el inicio del ciclo lectivo en tanto el Consejo Universitario y la rectoría determinan la ruta legal e institucional a seguir.
