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Acapulco, Gro.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho, derivado de la denuncia presentada por el ex candidato a la presidencia municipal, Ramiro Solorio Almazán, quien fuera vencido en las urnas.
La investigación quedó registrada bajo el número 12022200300020071125 y se instruyó “por el delito de cohecho y lo que resulte”, a pesar de que el señalamiento se sustenta exclusivamente en la exhibición pública de un collar que la edil recibió como obsequio y que no ha sido vinculado a acto alguno de gestión, contrato, favor administrativo o decisión de gobierno.
De acuerdo con el documento oficial, la Fiscalía giró una orden de presentación para que la alcaldesa acuda a rendir su declaración, además de solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la documentación que acredita su carácter de presidenta municipal, diligencias que contrastan con la fragilidad del señalamiento original.
La denuncia fue promovida por Ramiro Solorio, personaje reincidente en litigios y controversias políticas, quien tras no lograr respaldo ciudadano en las urnas ha optado por trasladar la contienda electoral al terreno penal. La Fiscalía, lejos de desechar de entrada una acusación de evidente sesgo político, decidió darle curso y abrir una carpeta de investigación que, en los hechos, coloca a la alcaldesa bajo un esquema de hostigamiento legal.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción tomó declaración al denunciante y a dos testigos presenciales, sin que hasta ahora se haya acreditado que el regalo en cuestión haya sido condicionado a un acto de autoridad o que exista contraprestación alguna, elementos indispensables para configurar el delito de cohecho conforme al artículo 283 del Código Penal del Estado.
El propio marco legal establece que el cohecho implica solicitar o recibir un beneficio “para hacer o dejar de hacer un acto relacionado con sus funciones”, condición que no ha sido demostrada en este caso. Aun así, la acusación se ha amplificado mediáticamente como si se tratara de un hecho consumado, reforzando la narrativa de culpabilidad anticipada.
La polémica se originó después de que López Rodríguez portara el collar durante una sesión de Cabildo. Días más tarde, la alcaldesa respondió públicamente a los señalamientos:
“¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y cariño del pueblo”.
Más allá del debate sobre la pertinencia ética de aceptar regalos supuestamente 'costosos', el caso ha puesto en evidencia una práctica cada vez más frecuente: el uso del aparato judicial como herramienta de desgaste político, donde denuncias endebles se convierten en procesos penales para desacreditar, intimidar o cobrar facturas electorales pendientes.
En Acapulco, la investigación contra la alcaldesa no parece responder a un combate real a la corrupción, sino a una estrategia de persecución absurda que, bajo el ropaje de la legalidad, busca prolongar en los tribunales una derrota que ya fue resuelta por la ciudadanía en las urnas.
