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Iguala, Guerrero.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron esta mañana tres órdenes de aprehensión en el municipio de Iguala, Guerrero, contra personas presuntamente vinculadas con las investigaciones del caso Ayotzinapa. De acuerdo con fuentes cercanas a las movilizaciones, las detenciones se realizaron de manera simultánea mediante un despliegue ministerial y de fuerzas de seguridad.
Los detenidos fueron identificados como la esposa y la hija mayor del empresario funerario Rodolfo Rueda Sebastián —quien ya se encuentra recluido—, así como el médico Ben Yehuda Martínez Hernández, exsecretario de Salud municipal e hijo del exdirector estatal del Servicio Médico Forense (Semefo).
Despliegan operativo federal bajo estricto sigilo
Las acciones ministeriales comenzaron alrededor de las 08:00 horas de este martes, a cargo de personal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR. El operativo contó con el respaldo perimetral y resguardo de efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con los reportes recabados, Helen "N", hija del empresario, fue interceptada por las autoridades federales en la colonia Insurgentes. Casi de manera paralela, en la colonia del Seguro Social, se efectuó la captura de Violeta "N", esposa de Rueda Sebastián y encargada de una funeraria localizada en Rancho del Cura, sitio donde operan hornos crematorios que forman parte de las líneas de investigación.
Por otra parte, en un tercer punto de la colonia Insurgentes, los agentes detuvieron a Ben Yehuda Martínez Hernández, quien recientemente se desempeñó como secretario de Salud en la administración local actual y cuyo núcleo familiar ha estado ligado por años a la gestión pericial en la región de la morgue de Iguala.
Antecedentes y hallazgos en instalaciones forenses
Estas capturas se suman a las acciones que la FGR inició el pasado 9 de octubre, cuando las autoridades aseguraron diversas propiedades de la familia Rueda —incluyendo funerarias, crematorios y velatorios— bajo sospecha de haber sido utilizadas en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. El empresario y su hijo ya cumplían ocho meses bajo detención.
El caso tomó un nuevo rumbo el pasado 20 de marzo, cuando familiares de los normalistas desaparecidos realizaron una inspección en la funeraria con razón social "El Ángel". En dicha diligencia, el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, notificó a los padres el hallazgo de una bolsa con restos óseos que permanecía etiquetada desde 2014, y cuyos análisis científicos continúan en proceso para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes.
