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Ciudad de México – El Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, detalló la estrategia legal para consolidar una acusación federal por delincuencia organizada contra Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”.
Gertz Manero reveló que el caso, que inició en 2024 por delitos de extorsión contra gasolineros en Tabasco, escaló a una investigación federal después de que el acusado fuera ubicado y expulsado de Paraguay.
La estrategia binacional y la captura
El Fiscal recordó que la investigación comenzó en el fuero común de Tabasco, donde se estableció la vinculación de Bermúdez y su equipo con delitos locales. Cuando se obtuvieron las órdenes de aprehensión, el sospechoso ya había abandonado el país.
El trabajo de inteligencia de la FGR fue clave para su localización. Gertz Manero reconoció el apoyo del gobierno local, que optó por la expulsión directa:
"Fue un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local," indicó Gertz Manero.
“Vínculos muy claros”
La FGR busca ahora probar los “vínculos muy claros” de Bermúdez Requena con la delincuencia organizada, lo que elevaría la gravedad de la imputación a nivel federal.
El Fiscal General explicó que esta nueva orden de aprehensión federal se logró gracias a la obtención de testimonios cruciales reunidos durante el proceso de repatriación.
"Logramos establecer vínculos muy claros con delincuencia organizada a partir de los testimonios de dos personas que trabajaban directamente con él; una ya está procesada federalmente y la otra se acogió a un criterio de oportunidad," agregó. El criterio de oportunidad implica que un colaborador o testigo ofrece información a cambio de beneficios legales.
El reto de la próxima audiencia
Aunque Bermúdez Requena se negó a declarar ante las autoridades locales en un primer momento, Gertz Manero señaló que la próxima audiencia intermedia federal será el punto clave para la FGR. En ese momento, la defensa del acusado deberá responder formalmente a las imputaciones, lo que permitirá a la Fiscalía “fortalecer el caso federal.”
El manejo del caso ilustra el esfuerzo de las autoridades mexicanas por utilizar la cooperación internacional y los criterios de oportunidad para desarticular estructuras criminales locales y llevarlas a tribunales federales bajo cargos más severos, con la mira puesta en desmantelar las redes que operan en estados clave.
