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México.- Al asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy afirmó que su gestión se centraría en garantizar justicia sin fabricar culpables. La frase, potente en el discurso, choca con la práctica de cientos de personas que han sido encarceladas injustamente en todo el país.
En muchos casos, la fabricación de culpables no solo implica detenciones arbitrarias, sino la ausencia de investigación científica: pruebas periciales inventadas o mal realizadas, testigos y reconstrucción de hechos falsos, expediente alterados o incompletos. Todas esas irregularidades son avaladas por jueces cuyo criterio es siempre la presunción de culpabilidad, pasando por alto la presunción de inocencia. Ejemplos recientes incluyen:
· Santiago Noé Juan Corona: detenido por el secuestro de una familia mientras instalaba un servicio de IZZI. Nunca tuvo contacto con las víctimas; las pruebas técnicas confirmaron su inocencia, pero los ministerios públicos ignoraron la evidencia.
· Pablo Castillo Enciso: arrestado en un billar junto con otras personas para “completar la banda” de un secuestro inexistente. Sus seis causas fueron absueltas tras comprobarse violaciones graves al debido proceso y la falta de investigación científica.
· Ulises y Gerardo, “Los Payasitos”: acusados sin pruebas de intentar secuestrar a una menor mientras se dirigían a trabajar, basándose únicamente en testimonios inconsistentes.
· Alejandro Cerpa: condenado pese a que el verdadero responsable confesó no conocerlo. Las pruebas periciales fueron ignoradas y ahora se reconstruyen para reconocer su inocencia.
· Dulce Sánchez, expolicía: acusada de secuestro en otro estado, torturada estando embarazada y perdiendo a sus bebés. Aunque la Primera Sala anuló las pruebas, la Sexta Sala penal las aceptó nuevamente, evidenciando la falta de criterio científico en las investigaciones.
En Chiapas, el caso de Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio muestra la combinación de detención arbitraria, tortura y criminalización por origen: migrantes de Guerrero fueron acusados de delitos supuestamente cometidos horas después de su arresto, exhibidos públicamente y sometidos a tortura. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas documentó la ausencia de investigación científica y la imposición de culpabilidad sin evidencia.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH):
· 37% de las personas privadas de libertad no tiene sentencia.
· 44% afirma haber sido acusada falsamente.
· 60% reporta golpes o maltratos para obtener confesiones.
Estos datos confirman que la justicia mexicana sigue fabricando culpables, muchas veces por incapacidad institucional de los ministerios públicos para realizar investigaciones científicas. Expertos subrayan que cumplir la promesa de Godoy requiere no solo no encarcelar inocentes, sino reparar daños a quienes el Estado ya condenó injustamente, garantizar investigaciones imparciales y sancionar a funcionarios responsables de violaciones al debido proceso o tortura.
La justicia en México sigue atrapada entre discursos de legalidad y prácticas que priorizan la expediencia sobre la verdad. Mientras no exista investigación científica confiable y profesionalismo en los ministerios públicos, la fabricación de culpables continuará siendo una constante, perpetuando la impunidad y la desconfianza ciudadana.
