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México.- Estados Unidos hizo pública esta semana una de las imputaciones más delicadas de los últimos años en su lucha contra el crimen organizado: la presunta colaboración de Paul Campo, exagente de élite de la DEA, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Junto con él fue acusado Robert Sensi, un supuesto consultor con antecedentes como colaborador de inteligencia. Ambos, según el expediente, construyeron un plan para ofrecer servicios clandestinos al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York describe un entramado que combina lavado de dinero, consejos operativos, asesoría técnica para fentanilo y la tentativa de adquirir armas de uso militar y drones comerciales que el grupo criminal podría emplear en sus operaciones.
El perfil del infiltrado
Campo trabajó 25 años en la DEA, con base principalmente en Nueva York. Ascendió hasta convertirse en subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras, un puesto clave para rastrear movimientos de capital ligados al narcotráfico. Se retiró en 2016 y comenzó a trabajar como consultor privado.
De acuerdo con los documentos judiciales, fue precisamente ese conocimiento especializado —sumado a sus antiguos contactos en la agencia— lo que habría puesto sobre la mesa ante quien él creía que era un representante del CJNG, pero que en realidad era una fuente confidencial encubierta.
La Fiscalía le atribuye acciones concretas:
- Haber acordado lavar hasta 12 millones de dólares para el cártel.
- Haber participado en operaciones piloto que movieron 750 mil dólares, transformando efectivo en criptomonedas.
- Ofrecer asesoría para producir fentanilo y modificar actividades para “distraer a las autoridades”.
- Explorar la compra de AR-15, M4, M16, lanzagranadas, RPG y drones.
- Presumir que podía proteger al CJNG de investigaciones federales.
El operador en la sombra
La otra pieza clave es Robert Sensi, de 75 años. Aunque no existen registros oficiales que confirmen vínculos formales con la CIA, su nombre aparece en reportajes y en el libro America at Night, que lo describe como un “activo de campo”. Según la acusación, fue él quien inició el contacto en 2024 con la fuente encubierta haciéndose pasar por un intermediario del CJNG.
Sensi ofreció:
- Acceso a “un exjefe financiero de la DEA” —en referencia a Campo—.
- Información sensible sobre investigaciones y fuentes.
- Participación directa en operaciones de lavado con criptomonedas.
- Conversaciones sobre armas, explosivos y la cantidad de C-4 que puede cargar un dron comercial.
El expediente lo presenta como quien habría legitimado la idea de que Campo contaba con capacidad real para blindar al cártel en territorio estadounidense.
Los cargos y las consecuencias
Campo y Sensi enfrentan cuatro delitos federales: narcoterrorismo, terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero. Las penas máximas podrían alcanzar cadena perpetua. La Fiscalía asegura contar con evidencia sólida: grabaciones, correos, vigilancia, operaciones con criptomonedas y análisis de llamadas.
El director de la DEA, Terrance Cole, calificó el caso como un “mal ejemplo que no representa el servicio público de Estados Unidos” y prometió sanciones severas. Para el fiscal Jay Clayton, Campo “traicionó la misión que se le confió por un cuarto de siglo”.
El proceso judicial apenas comienza, pero el golpe reputacional a la agencia antidrogas —que ha insistido en que sus filas están protegidas contra la corrupción— es ya evidente. El caso expone, una vez más, que la frontera entre la infiltración criminal y las instituciones encargadas de combatirla es más frágil de lo que se admite públicamente.
