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Integrantes del colectivo en Pro de la Defensa del Jardín del Puerto exigieron la demolición de los locales comerciales en construcción dentro de este espacio público de Acapulco, al señalar que contradicen el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de conservar 90 por ciento de áreas verdes y destinar únicamente 10 por ciento para edificaciones.
Los activistas sostienen que la intervención en el Jardín del Puerto debía centrarse en la preservación ambiental y el acceso ciudadano, y advirtieron que la instalación de comercios representa una privatización de un área destinada a la recreación pública. “Para cumplir con la palabra presidencial, se tendría que derrumbar la totalidad de los locales levantados, dejando únicamente la estación del Marinabús con sus comercios aledaños”, declaró Luis Enrique Ramos Duarte, vocero del colectivo.
El grupo indicó que tras solicitar a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) información sobre el proyecto, no se les presentó un plano actualizado que refleje el 90/10 anunciado por Sheinbaum. Señalaron que la falta de documentación genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos.
Los ciudadanos recordaron que la intervención federal en el Jardín del Puerto se dio tras más de una década de litigio, que concluyó con una resolución favorable a la comunidad. Pese a ello, dijeron, continúan las obras sin ajustes visibles al proyecto inicial.
La inconformidad surge en el contexto de la reciente visita de la presidenta a Acapulco, el 25 de agosto, cuando inauguró el Marinabús Acapulco Uno y supervisó las obras del Jardín del Puerto. Durante el acto, Sheinbaum aseguró que se respetaría el esquema de 90 por ciento de áreas verdes y 10 por ciento de construcción. En esa ocasión, la mandataria afirmó que el proyecto simboliza la recuperación del puerto tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John.
El colectivo insistió en que la única forma de garantizar el respeto al mandato presidencial es la demolición de los locales en proceso de construcción, pues de otra manera, dijeron, el espacio público se verá comprometido. Advirtieron que no descartan nuevas protestas si no se corrige la situación.
Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con autoridades técnicas y jurídicas para garantizar que la obra cumpla con la disposición presidencial. No obstante, recalcaron que hasta el momento no se han realizado reuniones de seguimiento con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ni con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), instancias que también participan en el proyecto.
Los defensores del espacio concluyeron que la permanencia de los locales comerciales contradice la instrucción de la presidenta y afecta el carácter público del Jardín del Puerto.
